En un momento en que España llora las víctimas del descarrilamiento en Adamuz, surge una información inquietante: una constructora vinculada a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, participó en la renovación del tramo fatal. Esta conexión, revelada por investigaciones judiciales y periodísticas, plantea serias dudas sobre si los pagos sospechosos influyeron en la calidad de las obras, priorizando favores políticos sobre la seguridad ciudadana. Mientras el Gobierno socialista intenta desvincularse, la oposición exige transparencia: ¿es este el precio de un sistema clientelar que pone en riesgo vidas inocentes?
41 personas fallecieron el domingo por la tarde tras el descarrilamiento del tren Iryo que cubría la ruta Málaga-Madrid y la posterior colisión del convoy de Alvia, que circulaba en sentido contrario entre Madrid y Huelva. Un total de 152 personas han resultado heridas, de las que 41 permanecen aún ingresadas, 12 de ellas en la UCI y el Centro de Integración de Datos notificó 43 denuncias de desapariciones. El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó el accidente de «extraño», pero informes preliminares apuntan a que los investigadores estarían analizando un trozo de vía que podía estar desgastada y haberse ensanchado a medida que pasaban los trenes. La renovación, adjudicada por ADIF en 2022 a una UTE integrada por Azvi, Ferrovial, Guinovart y Contratas y Ventas, ahora está bajo escrutinio.
Pagos a Koldo: ¿asesoramiento o mordida?
Azvi, la constructora andaluza clave, contrató a Koldo García en 2023 como asesor para Latinoamérica, con una retribución de 6.000 euros mensuales más comisiones, según detalla La Gaceta, pero audios de la UCO sugieren vínculos con adjudicaciones de obra pública. Este contrato coincidió con la ejecución de las obras, y se extendió hasta la detención de Koldo en 2024. Los investigadores tratan de aclarar si este servicio era real o si encubría comisiones irregulares.
La constructora formaba parte de la UTE que recibió en abril de 2022 un contrato de más de 52 millones de euros de ADIF Alta Velocidad para mejorar el tramo ferroviario entre Guadalmez y Córdoba, una obra que incluía la zona de Adamuz. Los trabajos finalizaron en mayo de 2025.
Pese a la renovación, ADIF había detectado incidencias en la vía desde 2022, algunas de ellas incluso después de que las obras se dieran por concluidas. Estos fallos han cobrado especial relevancia tras el fatídico accidente ya que el siniestro tuvo lugar en un tramo recto recientemente renovado, lo que ha provocado un fuerte debate sobre la calidad de las obras, los controles de seguridad y la posible relación entre la adjudicación de contratos y el estado real de la infraestructura.
Implicaciones más allá de España
La trama se extiende internacionalmente. Azvi, implicada en proyectos como el Tren Maya en México, podría haber usado pagos similares para expandirse. Urge una comisión independiente para esclarecer si estos pagos influyeron en la tragedia. Si se confirma negligencia, sería un homicidio imprudente colectivo, porque ha costado vidas inocentes y no se puede permitir tal impunidad en el poder. Esto exige responsabilidades penales inmediatas, revisión a las administraciones para evitar que el clientelismo siga cobrando tributos en sangre.