La Audiencia de Badajoz confirma el procesamiento del hermano de Pedro Sánchez
La Audiencia Provincial de Badajoz ha confirmado el procesamiento de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y nombramiento ilegal. La Sala ha rechazado el recurso presentado por su defensa y respalda la decisión de la magistrada instructora, Beatriz Biedma, que desde junio de 2024 investiga su contratación en la Diputación de Badajoz a raíz de una denuncia de Manos Limpias.
Con esta resolución, el músico se queda sin su última baza para evitar sentarse en el banquillo, dado que el juicio oral ya fue abierto en mayo contra él y otros diez acusados, entre ellos el exasesor de Moncloa Luis Carrero y el expresidente de la Diputación pacense, Miguel Ángel Gallardo.
Los indicios contra David Sánchez
Según la instructora, el puesto de alta dirección que ocupó David Sánchez en la Diputación se creó a su medida gracias a influencias políticas y personales. El tribunal considera que hay suficientes indicios de que su contratación respondió a un procedimiento irregular y recuerda que “todos conocían el parentesco” con el líder del PSOE.
La Audiencia subraya que las condiciones del cargo fueron adaptadas a las preferencias personales del hermano del presidente y que su desempeño laboral en Badajoz fue prácticamente inexistente. Además, se apuntan irregularidades en la modificación del puesto en 2022, considerado un intento de ocultar su verdadera naturaleza.
La implicación de Luis Carrero
El auto también confirma el procesamiento de Luis Carrero, cercano colaborador de David Sánchez y exasesor de Moncloa, cuya llegada a la Diputación en enero de 2024 estuvo bajo sospecha. Los correos intervenidos evidencian que Sánchez ya daba por hecha su incorporación meses antes de que se oficializara.
Un juicio con fuerte carga política
La investigación sostiene que la plaza de coordinador de conservatorios —posteriormente transformada en la jefatura de la Oficina de Artes Escénicas— se diseñó expresamente para David Sánchez en 2017, cuando se encontraba sin empleo estable. La juez considera que todo el proceso fue un montaje formal para dar apariencia de legalidad a un nombramiento condicionado por su entorno más cercano.
Aunque la Fiscalía ha pedido el archivo del caso al entender que las acusaciones se apoyan en “meras conjeturas”, las acusaciones populares reclaman para David Sánchez una condena de tres años de prisión. La Audiencia recuerda que será en el juicio donde se determine la responsabilidad penal de los procesados.