Ni aire acondicionado ni un cigarro: el verano del ciudadano asfixiado. Mónica García y Óscar Puente
El ciudadano asfixiado se enfrenta un verano que combina fallos estructurales en el transporte público con nuevas restricciones que limitan espacios de ocio cotidianos. Mientras las temperaturas alcanzan niveles extremos, los trenes de Renfe circulan con sistemas de climatización deficientes y el Ejecutivo avanza en la ampliación de zonas libres de humo hasta playas y terrazas. Estas decisiones se producen en un contexto de fuerte presión fiscal, pérdida de poder adquisitivo y dificultades crecientes para acceder a una vivienda o completar la cesta de la compra. El resultado es una sensación de agobio permanente que no encuentra respuesta en medidas de alivio real.
La convocatoria de una huelga de 24 horas en Renfe el próximo 31 de julio, coincidiendo con el inicio de la operación salida de agosto, pone de manifiesto la gravedad de los problemas de climatización. Al mismo tiempo, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un anteproyecto que prohíbe fumar en terrazas, playas y otros espacios, con multas que pueden alcanzar los 600 euros. Ambas iniciativas ilustran un patrón de actuación basado en la restricción antes que en la solución de los problemas de fondo que afectan al ciudadano.
Huelga en Renfe: el calor se convierte en riesgo por la gestión de las infraestructuras
El Sindicato Ferroviario ha convocado a los trabajadores de conducción e intervención a secundar un paro total el 31 de julio. La razón principal es la “peligrosa situación que se vive a bordo de los trenes por las deficiencias de los sistemas de climatización”, según denuncia la organización. Los problemas no son nuevos. Otras centrales, como Semaf y Comisiones Obreras, han advertido en las últimas semanas de las mismas carencias.
Los trabajadores describen dolores de cabeza, procesos de ansiedad, sensación de ahogo y fatiga extrema. En plena ola de calor, los trenes se convierten en espacios insoportables tanto para la plantilla como para los viajeros. El origen de esta situación, según el sindicato, reside en la mala gestión de las averías, la externalización del mantenimiento de los equipos de aire acondicionado y la negativa a sustituir de forma urgente los aparatos que han quedado obsoletos. En lugar de retirar los vehículos afectados y enviarlos a taller, se prefiere “parchear” y mantenerlos en circulación.
Renfe aprobó en 2023 una instrucción técnica sobre altas temperaturas que reconoce los riesgos del estrés térmico: pérdida de rendimiento, alteraciones de la concentración y posibilidad de golpes de calor. Sin embargo, los maquinistas consideran que sigue faltando un procedimiento operativo claro que establezca qué decisiones deben tomarse cuando la climatización deja de garantizar condiciones seguras. Mientras tanto, la responsabilidad recae sobre el personal operativo. Comisiones Obreras ha señalado además que muchas de las medidas previstas por la empresa tienen como horizonte el año 2027, un plazo que califica de inadmisible cuando la seguridad y la salud no pueden esperar.
Estas deficiencias se producen bajo la responsabilidad del Ministerio de Transportes. El ciudadano que ha pagado impuestos elevados durante todo el año se encuentra ahora con que el principal operador ferroviario no garantiza unas condiciones mínimas de confort en los desplazamientos vacacionales. La falta de un plan de choque para la sustitución de equipos obsoletos y la recuperación del control del mantenimiento agrava la percepción de abandono.
Óscar Puente, amante de las redes sociales, intenta a la desesperada una medida prácticamente sin coste para mejorar su imagen pública.
Prohibición de fumar en terrazas y playas: una restricción más sobre el ocio cotidiano
El mismo día en que se conocía la convocatoria de huelga, el Gobierno avanzó en el anteproyecto de reforma de la ley antitabaco. La ministra de Sanidad, Mónica García, explicó que el tabaquismo provoca 50.000 muertes al año y que la norma pretende proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una “generación libre de tabaco”. La medida amplía los espacios libres de humo a terrazas de hostelería, playas, piscinas, marquesinas, campus universitarios, instalaciones deportivas y parques infantiles. También equipara el tabaco convencional con cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros dispositivos. Las sanciones por incumplimiento oscilan entre 200 y 600 euros.
La hostelería ha respondido con contundencia. Hostelería de España ha alertado de que la prohibición “tiene eficacia limitada” y ha cuestionado su impacto real sobre el consumo. El sector argumenta que se trata de una restricción que afecta de forma directa a la viabilidad de muchos establecimientos, especialmente aquellos que dependen del consumo en terraza durante los meses de calor. En un momento en que los costes de personal, energía y suministros continúan elevados, cualquier medida que reduzca la afluencia de clientes supone un nuevo obstáculo.
La decisión se enmarca en el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027. Sin embargo, críticos del sector señalan que la evidencia sobre la reducción efectiva del consumo a través de este tipo de prohibiciones es discutible y que el modelo se aleja de enfoques centrados en la reducción de daños. Mientras tanto, el ciudadano asfixiado que busca un momento de descanso en la playa o en una terraza se encuentra con una nueva limitación impuesta desde el Ministerio de Sanidad. La medida se suma a un largo listado de restricciones que, en lugar de resolver problemas estructurales, se limitan a acotar comportamientos individuales.
Estas políticas de carácter prohibitivo contrastan con la ausencia de soluciones para la pérdida de poder adquisitivo. El mismo ciudadano que ve cómo el salario apenas alcanza para llenar el carrito de la compra o para plantearse la emancipación debe aceptar ahora que ni siquiera podrá fumar un cigarrillo en espacios abiertos. La sensación de control permanente sobre la vida cotidiana se intensifica cuando las autoridades priorizan la ampliación de prohibiciones sobre la mejora de las condiciones materiales.
El Ministerio de Sanidad ha desatado una intensa polémica al intentar justificar su controvertido decreto de universalidad asistencial. En un esfuerzo por frenar las críticas que auguran un inevita...
Políticas que prohíben pero no resuelven la precariedad del ciudadano asfixiado
El hilo conductor de ambas medidas es la preferencia por la restricción frente a la solución. En el caso de Renfe, en lugar de acometer con urgencia la renovación de los equipos de climatización y recuperar el control del mantenimiento, se mantiene una situación de riesgo que obliga a los trabajadores a convocar huelgas. En el ámbito sanitario, en lugar de abordar de forma integral los determinantes sociales de la salud —entre ellos la precariedad laboral y la dificultad de acceso a una vivienda digna—, se opta por ampliar el catálogo de espacios prohibidos.
El ciudadano acumula ya una larga lista de cargas que reducen su margen de maniobra. La presión fiscal, el encarecimiento de la cesta de la compra, la imposibilidad de acceder a una vivienda a precios razonables y ahora la combinación de transportes deficientes y nuevas restricciones de ocio configuran un panorama desalentador. Las autoridades parecen más interesadas en dictar normas de conducta que en corregir las deficiencias que generan malestar real. La falta de un procedimiento operativo claro en Renfe y la ausencia de un debate profundo sobre la eficacia de las prohibiciones de consumo ilustran esta tendencia.
Las citas de los sindicatos ferroviarios y de los representantes de la hostelería coinciden en señalar que las medidas anunciadas resultan insuficientes o de alcance limitado. Mientras los trabajadores denuncian que se sigue “parcheando” en lugar de solucionar, el sector hostelero advierte de que la eficacia de la prohibición de fumar en terrazas es cuestionable. En ambos casos, el Gobierno prioriza la imagen de acción sobre la resolución efectiva de los problemas. El resultado es un ciudadano asfixiado que, tras pagar impuestos elevados, se encuentra sin confort en los trenes y sin libertad de consumo en los espacios de ocio.
La situación exige un cambio de enfoque. En lugar de multiplicar las prohibiciones, sería necesario abordar de raíz las causas de la pérdida de poder adquisitivo, garantizar el mantenimiento adecuado de las infraestructuras públicas y permitir que los ciudadanos disfruten de un margen de autonomía en su tiempo libre. Mientras tanto, las decisiones actuales solo contribuyen a aumentar la sensación de agobio.