Nombramientos a dedo: el Tribunal de Cuentas cuestiona nombramientos en empresas públicas
El Tribunal de Cuentas detecta nombramientos en empresas públicas sin papeles de idoneidad, ceses sin motivar e indemnizaciones por incumplir el preaviso.
El Tribunal de Cuentas ha vuelto a poner el foco en los nombramientos en empresas públicas. El informe de seguimiento aprobado por el Pleno a finales de julio concluye que varias entidades siguen sin entregar documentación suficiente para acreditar cómo se eligió al directivo y por qué era idóneo, además de ceses sin motivación y salidas que generaron coste para el erario.
Procesos verbales y nombramientos en empresas públicas sin expediente
En Enaire, dependiente de Transportes, la secretaria general fue designada el 13 de junio de 2022. Al pedir el soporte del proceso, la empresa reconoció no disponer de «evidencias documentales completas» porque «gran parte» se hizo de palabra y la entrevista se convocó presuntamente por teléfono . El anterior director general admitió que «no hay constancia documental del proceso selectivo». El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona tampoco aportó la motivación de méritos e idoneidad al cubrir la Dirección de Inversiones.
Ceses sin causa escrita y facturas evitables
En la SEPI, la entonces presidenta comunicó el 18 de julio de 2022 la extinción del contrato del director de Participadas III. El Tribunal es claro: «la decisión de extinguir la relación laboral no se encuentra motivada». En la Zona Franca, un cese notificado el mismo día en que surtía efecto —frente a 15 días de preaviso— costó 31.630 euros. Cetarsa abonó 4.562 euros por un incumplimiento similar. En Tragsa, una directiva avisó con menos plazo del pactado y no consta que la sociedad cobrara la indemnización prevista.
Se trataría de Rocío López Cid, edil del PSOE investigada por un presunto fraude en el voto por correo. Este nuevo caso de enchufismo se suma al de Jésica
El enchufe como costumbre y las recomendaciones incumplidas
El antecedente de Tragsa no es menor: su filial Tragsatec e Ineco contrataron a Jésica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos. El Tribunal Supremo calificó aquellas prácticas de «enchufismo». El mismo seguimiento, sobre 21 entidades, sitúa el cumplimiento de recomendaciones previas en un 58,5% . La Comisión Mixta ya exigió justificar méritos; el control del gasto público no puede descansar en una llamada telefónica.