Imputan a un concejal por revelar las ayudas a migrantes en Santa Coloma
Una juez cita el 17-N a Aitor Navarro por difundir perceptores de ayudas a migrantes. 6 entidades hablan de odio; el PSC gobierna Santa Coloma
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Santa Coloma de Gramenet ha admitido la querella de seis entidades sociales contra el concejal Aitor Navarro Hornas y lo cita como investigado el 17 de noviembre por un presunto delito de odio y otro de revelación de secretos. El origen del auto es que el edil, electo en 2023, difundió nombres de perceptores de ayudas a migrantes en un Ayuntamiento que el PSC controla con mayoría absoluta.
Seis asociaciones llevan al juez el control del gasto
SOS Racisme, el Centre d’Acollida, Ca la Sisqueta, Espai Gramenet, Papers i Drets per Tothom y Ningú Sense Llar, con el abogado David Aranda, afirman que Navarro leyó hasta 31 nombres en un programa de videostreaming y otros 30 en un vídeo, y que enlazó en Instagram un documento de 48 páginas con perceptores. Sospechan un acceso «indebido» a ficheros municipales, extremo que deberá acreditar la instrucción.
Las ayudas a migrantes convertidas en causa penal
Las entidades sostienen que esos mensajes «ponen en peligro la tolerancia, la convivencia y la cohesión social». La querella suma carteles de noviembre de 2024 —«¡Extreme la precaución en esta zona! Partido Popular y Partido Socialista están repartiendo ilegales aquí»— y la alusión en el pleno a menores no acompañados como «personas en edad militar». Tratar el escrutinio de las ayudas a migrantes como delito de odio es el atajo de la izquierda local cuando el destino del dinero público deja de ser tabú.
El PSC gobierna; el debate se desplaza al juzgado
Santa Coloma lleva décadas bajo gobierno socialista. El PP queda señalado en los carteles del edil como corresponsable del reparto. En lugar de explicar criterios y cuantías ante los vecinos, el entramado asociativo ha preferido la vía penal. La instrucción tendrá que resolver si una lista de subvenciones es un secreto o información que el contribuyente tiene derecho a conocer.