Carta de Pollo Carvajal: presuntas comisiones al entorno de Bono por armas a Venezuela
Una carta de Carvajal desde Estremera admite comisiones en la venta de armas a Venezuela y revive el desfase de 42 millones del contrato de Bono
Una misiva manuscrita de Hugo Armando Carvajal Barrios, alias el Pollo, redactada en la prisión de Estremera —donde permaneció entre 2021 y 2023— vuelve a situar las comisiones al entorno de Bono en el contrato de armamento con la Venezuela de Hugo Chávez. The Objective publica el escrito, en el que el exjefe de la inteligencia militar chavista da por sabido que, en esas operaciones, comprador y vendedor cobraban.
La condición que puso por escrito
Carvajal quería comprar papeles sobre la presunta implicación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Morodo. «No tendría problemas en comprar el documento del caso Morodo, porque realmente lo necesito y es urgente», arranca la carta. Exige a continuación deslindar ese soporte «del contrato de compra de armas a España por parte de Venezuela» y añade: «Aunque los dos sabemos que tanto el comprador como el vendedor siempre cobran comisiones, no quiero ni debo exponer secretos de Estado». Según el medio, la compra no se quedó en un propósito y parte del material habría acabado en el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
De 1.700 a 1.207 millones, y un desfase de 42
En 2004, con José Bono en Defensa, España pactó con Chávez doce aviones militares y ocho embarcaciones por 1.700 millones de euros, con mediación de Raúl Morodo, entonces embajador en Caracas. Washington bloqueó la reventa de tecnología estadounidense y el paquete aéreo cayó. El contrato naval se renegoció en 1.207 millones. La exfiscal Luisa Ortega Díaz, tras romper con el régimen en 2017, entregó un expediente a la CIA y a Interpol: Caracas habría pagado 1.249 millones. Los 42 de diferencia se canalizaron, según esa documentación, por Rebazve Holding, con cuenta en Suiza.
El archivo que dejó intactas las comisiones al entorno de Bono
Al tratarse de un convenio entre Estados, la norma prohibía comisionistas. La Audiencia Nacional imputó a Javier Salas, Antonio Rodríguez-Andín y Juan Pedro Gómez Jaén, entonces presidente de Navantia, y el 12 de enero de 2021 archivó la causa: las partidas no salieron del Tesoro español. El auto dio por probado el abono de 42 millones, al menos 12 a Salas y Rodríguez-Andín; el resto se perdió en sociedades offshore. En 2021, durante su extradición, Carvajal señaló a Bono y a Miguel Ángel Moratinos como hipotéticos destinatarios, sin documentos. El medio atribuye ese silencio al temor a un delito de revelación de secretos. El socialismo que administra la memoria selectiva sigue sin explicar quién cobró el resto.