Del decreto al discurso de Pedro.
Antes de la votación, las palabras del presidente han sido claras, para él hay que votar sin pensar, con las tripas sin analizar lo que nos estaba contando.
Pedro Sánchez intervino en el Congreso para pedir el voto favorable a la convalidación del Real Decreto-ley de medidas urgentes sobre la función social de la vivienda y la oferta asequible.
Presentó la votación como un día excepcional, no técnico, sino de trascendencia social, y rogó a los diputados que olvidaran el cálculo político, el argumentario de partido y las presiones, y pensaran en jóvenes que no pueden emanciparse, familias angustiadas por el alquiler, jubilados sin vivienda en propiedad y niños que podrían ver sus pertenencias en la acera tras un desahucio.
Defendió las medidas como ambiciosas, necesarias, razonables y equilibradas, fruto de análisis técnico y negociación, sin extremismos: frenar la especulación, facilitar alquiler asequible o primera vivienda, proteger inquilinos y también pequeños propietarios frente a grandes tenedores y fondos. Advirtió de que, si decaían, el daño sería inmenso para la vida cotidiana, el crecimiento, la imagen internacional y la confianza en las instituciones, y que la culpa no sería de la troika, ni de los bancos, sino de quienes votaran no. Apeló en concreto al PP y a Junts para que demostraran que su preocupación por los ciudadanos pesa más que el deseo de dañar al Gobierno, y advirtió de que la historia juzgaría a quienes sirvieran a élites inmobiliarias.
Ese relato omite las causas:
Las que explican por qué los alquileres se han despegado de los salarios. La inseguridad jurídica es estructural: el ocupante ilegal resulta en la práctica casi imposible de desalojar en plazos razonables, de modo que el pequeño arrendador asume meses o años sin renta, costes judiciales y riesgo de deterioro. Esa amenaza contrae la oferta de vivienda en alquiler mucho más que cualquier “fondo”. Al mismo tiempo, España ha absorbido en pocos años del orden de ocho millones de personas adicionales sin ampliar de forma proporcional las infraestructuras, los servicios ni el parque residencial; se han incorporado más residentes que viviendas sociales construidas. Un país no puede aumentar su población a ese ritmo y mantener precios estables si no adapta suelo, redes y capacidad constructiva.
El decreto tampoco liberaliza suelo urbanizable ni reduce los plazos y cargas que encarecen la promoción privada. Sin más oferta, la demanda —interna y exterior— empuja los precios al alza. Es increíble que un Doctor en economía no caiga en la cuenta ¿No?
El resultado es el clásico desequilibrio de poca vivienda disponible y mucha presión demográfica y crediticia. El Gobierno contribuye a generar la escasez —por la impunidad de la ocupación, la rigidez del suelo y una inmigración no acompañada de vivienda— y después se presenta como defensor de las víctimas, entre ellas los pequeños arrendadores a los que su propia normativa y la lentitud judicial han dejado expuestos. Las medidas de control y “función social” no corrigen esa raíz; la consolidan.