Fiscalía archiva la denuncia del alcalde de Lérida contra VOX por delito de odio
Queda archivada la denuncia del alcalde de Lérida (PSC) contra VOX por delito de odio tras confirmar que no hay ilícito contra el colectivo magrebí.
La Fiscalía ha cerrado el expediente abierto por la denuncia del alcalde de Lérida, Fèlix Larrosa (PSC), contra la portavoz de VOX en el Ayuntamiento, Gloria Rico. Según ha confirmado la concejal, el archivo de la denuncia se produce porque no existe delito alguno contra el colectivo magrebí. El anuncio llega meses después de que el regidor socialista acusara a la edil de presuntamente falsear datos de delincuencia e inmigración y de difundir contenidos que, a su juicio, fomentaban el odio.
El origen de la denuncia del alcalde contra VOX
En el pleno de junio de 2026, Larrosa anunció que había puesto en conocimiento de la Fiscalía un vídeo y declaraciones de Rico en las que se atribuía una violación ocurrida en mayo a migrantes de origen marroquí y se pedía la expulsión de “estos engendros”. El alcalde sostuvo que “no podemos blanquear insultos que fomentan el odio y la xenofobia” y llegó a cuestionar si la concejala era “digna o no” de mantener su acta. En el mismo debate, la portavoz de VOX había afirmado que en Lérida se registraba una violación cada tres días, vinculándola a las políticas migratorias socialistas, y un aumento del 156 % en delitos de tráfico de drogas.
El archivo de la denuncia y la respuesta de VOX
El 2 de noviembre Gloria Rico comunicó que la denuncia había quedado archivada y que la Fiscalía confirma que no hay ningún delito contra el colectivo magrebí. “En política se puede discrepar. Lo que no vale es usar la justicia contra la oposición”, señaló. Añadió que la maniobra de silenciar a VOX Lleida no había prosperado.
Consecuencias políticas del archivo de la denuncia
El cierre del caso deja al descubierto el intento del alcalde socialista de judicializar el debate sobre seguridad e inmigración en Lérida. Mientras el PSC recurre a la Fiscalía para acallar a VOX, los datos de delincuencia y la convivencia en la ciudad siguen siendo objeto de controversia municipal. El archivo de la denuncia refuerza que la discrepancia política no constituye delito y pone en evidencia el uso de la justicia como herramienta de presión por parte del gobierno local.