La Diputación de Sevilla habría destinado 5,4 millones a una constructora del caso Koldo
La Diputación socialista de Sevilla habría canalizado fondos a Aznalcázar que acabaron en OPR, constructora del caso Koldo, ahora en concurso de acreedores.
La Diputación de Sevilla, presidida por el socialista Javier Fernández, presuntamente habría concedido más de seis millones de euros al Ayuntamiento de Aznalcázar (también del PSOE) para unas obras que terminaron adjudicándose por 5,4 millones a Obras Públicas y Regadíos (OPR), una constructora del caso Koldo.
Financiación provincial que multiplica el gasto
El origen se sitúa en el programa «Vías Singulares» del Plan Contigo 2020-2021. La Diputación presuntamente aportó de manera inicial 1.983.658 euros y, mediante una resolución de diciembre de 2023, sumó otros 4.102.793 euros, hasta alcanzar 6.086.452 euros para la mejora del camino que une Villamanrique de la Condesa con Isla Mayor a su paso por Aznalcázar. El presupuesto de licitación era de 4.819.909 euros sin IVA y el contrato presuntamente se adjudicó con una rebaja del 6,3 %.
La adjudicación a la constructora del caso Koldo
El Pleno municipal acordó el 20 de febrero de 2025 adjudicar el contrato a OPR por 4.516.200 euros (5.464.602 euros con IVA). Concurrieron tres empresas y el plazo de ejecución era de 18 meses. OPR ya figuraba en los informes de la UCO sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones de obra pública durante la etapa de José Luis Ábalos al frente de Transportes, con indicios en contratos de Asturias, Úbeda (Jaén) y Monforte (Lugo). Según recogen esas investigaciones, existían indicios de posibles maniobras para favorecer a determinadas constructoras.
Concurso de acreedores y obras afectadas
Apenas cinco meses después, el 28 de julio de 2025, el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid habría declarado a OPR en concurso voluntario de acreedores (procedimiento 545/2025). El 5 de junio de 2026 la propia Diputación habría comunicado que las obras de Aznalcázar se encontraban entre las actuaciones afectadas por «causas de resolución del contrato». La institución preparó una nueva línea de refuerzo de 1,2 millones de euros, de los que Aznalcázar podría recibir unos 450.000 euros adicionales, según justificó la diputada Teresa Jiménez por el incremento de costes y las dificultades de ejecución.