El Supremo permitirá el voto a casi 190.000 hijos de la ley de nietos el 29-N
El Tribunal Supremo rechaza suspender el voto de 189.678 hijos de nacionalizados por la ley de nietos. Podrán participar mientras sus padres siguen bloqueados.
El Tribunal Supremo ha rechazado ampliar la suspensión del derecho de sufragio a los hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad a través de la ley de nietos. Unas 189.678 personas podrán votar en las elecciones generales del 29 de noviembre, a diferencia de sus progenitores, cuyo voto permanece temporalmente bloqueado. La Sala de lo Contencioso-Administrativo deniega así las medidas cautelares solicitadas por formaciones opositoras e Iustitia Europa.
El Supremo mantiene la cautela sobre los beneficiarios directos de la ley de nietos
El Alto Tribunal confirmaría el bloqueo cautelar para 162.454 personas nacionalizadas por la disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022 que no acreditaron ser descendientes de exiliados con las condiciones exigidas (padre, madre, abuelo o abuela nacidos en España, exilio por razones políticas, ideológicas o similares, y pérdida o renuncia de la nacionalidad). Según Exteriores, apenas 901 de 163.355 pudieron demostrar esa circunstancia mediante certificación consular. El auto rechaza las alegaciones de asociaciones y particulares que pedían levantar la medida adoptada en los autos del 10 de septiembre y 12 de octubre.
Falta de tiempo y seguridad jurídica impiden extender la prohibición
La Sala considera que extender ahora la suspensión a los hijos (quienes obtuvieron la nacionalidad por nacimiento, no directamente por la norma) resulta inviable a tres semanas de los comicios. Iniciar una revisión del CERA podría generar una “perturbación grave de los intereses generales” y vulnerar los principios de “seguridad jurídica” y “estabilidad electoral”. La petición llegó con más de la mitad del periodo electoral transcurrido y a una semana del inicio de campaña, según recoge el auto.
Votos particulares y la magnitud del colectivo en juego
El magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero emitió un voto particular discrepante, advirtiendo que “la sentencia futura” que resuelva el fondo “tendrá que afrontar esta cuestión también”, que afecta a un número incluso superior al de los beneficiarios directos de la ley de nietos. La magistrada María Alicia Millán, en otro voto, sostuvo que el eventual impacto de esos sufragios (alrededor del 0,42 % del censo) no debería erigirse en fundamento autónomo de la medida cautelar. La decisión deja en pie el debate sobre la coherencia de las cautelas aplicadas de cara al 29-N.