En un nuevo capítulo de la interminable rendición de Pedro Sánchez ante los independentistas, Junts per Catalunya ha forzado un pacto que obliga a las grandes empresas de toda España a atender a sus clientes en catalán, incluso si operan desde Madrid o Sevilla. Este «blindaje» lingüístico, disfrazado de derechos del consumidor, llega como respuesta al ultimátum lanzado por Carles Puigdemont, quien amenazó con romper el frágil equilibrio parlamentario si no se cedía en la defensa del idioma de la Generalitat. «Estas medidas suponen un cambio de paradigma, puesto que ponen por delante el derecho del consumidor a ser atendido en catalán sin que esto dependa de la buena voluntad de la empresa o de su ubicación territorial», celebra Junts en su comunicado, revelando la ambición de extender el control catalán más allá de sus fronteras. Pero, ¿a qué precio? Mientras el Gobierno socialista sacrifica la unidad nacional para sobrevivir, el resto de España paga la factura con más burocracia y costes ocultos para empresas que ya luchan por competir en un mercado global.
El acuerdo, negociado en la ponencia del Proyecto de Ley de Atención a la Clientela en el Congreso, impone la formación obligatoria en catalán a los trabajadores de servicios de atención al cliente en compañías con más de 250 empleados o facturación superior a 50 millones de euros anuales. Afectará a sectores clave como eléctricas, telefonía, bancos, aseguradoras, transportes y plataformas audiovisuales, obligándolas a responder en la lengua cooficial independientemente de su sede. «Se asegurarán de que los servicios de atención a la clientela estén dotados de los medios humanos, materiales, técnicos y organizativos adecuados para el cumplimiento de sus funciones, y para garantizar los derechos lingüísticos», detalla la enmienda presentada por el diputado de Junts Josep María Cruset, según informa La Sexta. No es un gesto aislado: surge tras las advertencias de Puigdemont y el secretario general Jordi Turull, quienes el lunes recordaron que «en otoño pasarán cosas» si no hay avances en la amnistía, la inmigración y el «blindaje» del catalán en la UE.
Desde la derecha, el pacto desata una tormenta de críticas por su imposición federalista que socava la igualdad constitucional. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha calificado el movimiento como «una nueva cesión humillante de Sánchez, que convierte el español en lengua de segunda en su propio país», argumentando que esta norma no solo invade competencias autonómicas, sino que genera un «efecto dominó» para el gallego y el euskera, fragmentando el mercado único. En OK Diario, se denuncia que «Puigdemont fuerza a Sánchez a que las empresas españolas de más de 250 empleados atiendan en catalán», destacando cómo el fugado en Waterloo dicta leyes desde Bruselas, mientras la CEOE advierte de sobrecostes en formación y personal bilingüe que podrían encarecer servicios para todos los españoles. Vox, por su parte, eleva el tono: «Es el colmo del separatismo: obligar a una empresa andaluza a hablar catalán por un cliente de Barcelona es un disparate que atenta contra la unidad de España», ha tuiteado un portavoz, exigiendo la derogación inmediata y recordando cómo estos pactos perpetúan la dependencia parlamentaria de Sánchez.
El debate lingüístico no es nuevo, pero este pacto lo radicaliza: ¿defensa cultural o privilegio territorial? Fuentes de la patronal, citadas en El Español, estiman que la medida podría costar millones en adaptaciones, beneficiando solo al 7% de la población que habla catalán como lengua habitual, según datos del INE. «Junts logra que Sánchez obligue a empresas de toda España a que sus servicios de atención al cliente sean también en catalán», resume El Español, pero omite el riesgo de judicialización: el Tribunal Constitucional podría anularlo por invadir competencias exclusivas de las autonomías. En el otro lado, Junts lo vende como victoria: «Un paso hacia adelante en los intereses de los catalanes», pero críticos como ABC lo ven como «Sánchez pacta con Junts que las empresas atiendan en catalán aunque su sede esté fuera de Cataluña», un ejemplo de cómo el sanchismo prioriza la supervivencia política sobre la cohesión nacional. ¿Y si mañana ERC exige lo mismo para el euskera en Zaragoza? España no puede ser un mosaico de imposiciones regionales; urge un pacto constitucional que defina límites claros.
En síntesis, este «blindaje» catalán no es progreso, sino un nuevo sometimiento de Sánchez a Puigdemont que erosiona la igualdad entre españoles. Obliga a empresas nacionales a asumir cargas lingüísticas por un ultimátum separatista, alimentando divisiones en lugar de unir. La oposición clama por coherencia: ¿hasta cuándo cederá el Gobierno ante Waterloo? España merece un Ejecutivo que defienda la unidad, no que la regatee en pasillos oscuros.