El independentismo catalán ha traspasado un límite alarmante: los Comités de Defensa de la República (CDR) están distribuyendo en redes y chats mapas con las direcciones de comercios y empresas en Barcelona señalados como «pro-Israel», etiquetándolos como «colaboradores del genocidio palestino». Esta campaña no es un simple boicot económico, sino un peligroso señalamiento que invita al acoso o la violencia contra el pueblo judío, evocando los boicots nazis de los años 30. Restaurantes, tiendas de moda y multinacionales son marcados con precisión, un paso que va más allá de la protesta política y pone en riesgo la seguridad de personas y negocios.
Este movimiento se alinea con la estrategia de exclusión del separatismo, que ya acosa a castellanohablantes con denuncias por rotular en español. Ahora, el odio se extiende a quienes muestran cualquier afinidad con Israel, en un contexto de creciente antisemitismo global tras el conflicto en Gaza. La derecha denuncia una «deriva hitleriana» que recuerda la «Noche de los Cristales Rotos», mientras el independentismo lo justifica como apoyo a Palestina. Pero, ¿es solidaridad o una excusa para fomentar el odio? La Generalitat, que respalda imposiciones lingüísticas, guarda silencio, avivando sospechas de complicidad.
La oposición exige que el Gobierno central actúe con firmeza, aplicando la Ley de Memoria Democrática contra la incitación al odio. España no puede tolerar que el separatismo convierta Cataluña en un caldo de cultivo para el extremismo. Urge una investigación exhaustiva para frenar esta escalada antes de que derive en violencia.