En un Congreso fragmentado, donde el Gobierno de Pedro Sánchez lucha por cada voto sin el respaldo de aliados como Junts, surge una pregunta inevitable: ¿son las subidas salariales a funcionarios, los incrementos en pensiones y la acelerada nacionalización de inmigrantes medidas de justicia social o puro clientelismo para comprar lealtades? Fedeca, la federación de altos funcionarios, ha calificado la reciente subida salarial como un «fraude de ley», argumentando que viola normas constitucionales al no pasar por el Parlamento. Pero, ¿Qué defiende el Gobierno?
La subida salarial a funcionarios: ¿premio o ilegalidad?
El acuerdo para elevar los sueldos de los funcionarios un 11,4% entre 2025 y 2028 ha generado controversia. Fedeca denuncia que esta medida se extiende más allá de la legislatura actual, hasta 2028, cuando el límite legal es 2027, constituyendo un fraude de ley. Su presidenta, Ana Ercoreca, lo explica claro: «La subida pactada podría incluso incurrir en un fraude de ley porque se han pactado subidas salariales que van más allá de la legislatura», según declaraciones a Europa Press.
Desde el lado oficial, Sánchez defiende estos incrementos como una valoración del «mayor activo» del Estado: los funcionarios. Un video reciente en YouTube lo muestra asegurando que el acuerdo con sindicatos como UGT y CSIF fortalece el servicio público. Sin embargo, críticos destacan que no compensa la inflación real ni factores como el alza en vivienda o energía. ¿Es esto gobernar o comprar apoyo interno ante la debilidad parlamentaria? El debate está en si estas subidas, sin control del Congreso, se saltan a la torera la democracia.
Pensiones: ¿justicia social o derroche electoral?
La revalorización de las pensiones en un 2,8% para 2025 se presenta como un escudo contra la inflación. Pero, esta cifra solo iguala la inflación media, sin mejoras reales para los jubilados. La caída del decreto ‘ómnibus’ ha suspendido incluso aumentos en pensiones mínimas, dejando a millones en limbo.
El think tank Civismo lo ve como «clientelismo electoral», priorizando votos sobre sostenibilidad. En contraste, Sánchez presume en redes de un alza acumulada del 17,2% desde 2019, superando el IPC en algunos periodos. Actas del Congreso muestran opositores cuestionando por qué se oponen a subidas que benefician a pensionistas, mientras el Gobierno las defiende como progreso social. Con un gasto público creciendo un 6,1% en 2025, por encima de la media europea según Eurostat, ¿estamos hipotecando el futuro?.
Nacionalización de inmigrantes: ¿integración o cálculo votante?
La aceleración en concesiones de nacionalidad a inmigrantes despierta sospechas de «compra de votos» ya que el Gobierno ha rebajado requisitos, potencialmente sumando cientos de miles de nuevos electores. Esto modifica el censo electoral, clave para futuras elecciones. ¿Es integración o una dilución de la soberanía para perpetuarse en el poder? El Gobierno lo enmarca como diversidad, pero lo que estamos viendo es clientelismo de libro.