La noticia, que ha saltado a la luz en diversos medios, revela el intento desesperado de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de bloquear la investigación judicial que la acorrala. El juez Juan Carlos Peinado había ordenado la incautación de sus correos electrónicos desde 2018 para esclarecer las sospechas de tráfico de influencias, corrupción y malversación que pesan sobre ella. Sin embargo, su defensa, en un movimiento que muchos califican de “huida hacia adelante”, ha presentado un recurso ante la Audiencia de Madrid para oponerse a esta diligencia.
El argumento esgrimido por el abogado de la Sra. Gómez, Antonio Camacho, es que la orden judicial es “exorbitante” e “invasiva”. En un claro intento de minimizar la gravedad de los hechos, el letrado ha manifestado que no hay una relación explícita entre la investigación y los correos, un argumento que no convence a los expertos legales. ¿Qué puede haber en esos correos que la defensa de Begoña Gómez no quiere que se vea? Esta es la pregunta que se hacen muchos ciudadanos.
Además, el abogado de Gómez ha intentado justificar la contratación de una asesora, Cristina Álvarez, que supuestamente la ayudó en sus negocios privados, con el débil argumento de que se trataba de un «favor a una amiga». Esta justificación, que raya en el surrealismo, ha sido rápidamente desmentida por portales, que han puesto de manifiesto la falta de transparencia y el nepotismo que envuelven este caso.
En definitiva, la defensa de Begoña Gómez no parece tener intención de colaborar con la justicia. Este nuevo capítulo en el culebrón de la corrupción de la Moncloa no hace más que confirmar las sospechas que ya se cernían sobre el entorno de Pedro Sánchez. Es evidente que hay un interés por ocultar la verdad, y la única forma de conseguirlo es intentando silenciar a la justicia.