El Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) de la Unión Europea registró el 31 de marzo de 2026 una notificación española tras detectar, en controles oficiales del mercado, concentraciones de histamina que superan claramente los límites legales establecidos. Esta sustancia se genera por una conservación inadecuada del pescado y puede provocar graves intoxicaciones alimentarias en los consumidores.
El fallo en la cadena de importación
Las muestras analizadas revelaron niveles de histamina entre 100 y 200 mg/kg, alcanzando incluso más de 200 mg/kg en uno de los lotes. La Comisión Europea clasificó el aviso como «alerta grave» y confirmó que el producto, filetes de sardina congelada originarios de Marruecos, había entrado en territorio comunitario a través de España.
Parte de los lotes se distribuyeron dentro de nuestro país, mientras que otros ya habían sido enviados a Francia y Grecia. España procedió a informar a los operadores implicados para su retirada o inmovilización, aunque reconoce que algunos envíos ya circulaban por varios Estados miembros. Esta situación evidencia la fragilidad de los controles en las fronteras exteriores de la UE, especialmente cuando se trata de productos procedentes de terceros países con estándares sanitarios cuestionables.
“La histamina en niveles elevados puede provocar intoxicaciones alimentarias”, advierte el propio sistema RASFF, aunque en esta ocasión no se han notificado casos clínicos. El riesgo, sin embargo, es real y significativo.
Un patrón repetido de alertas sanitarias
No es la primera vez que productos pesqueros marroquíes generan alertas en Europa. En años anteriores, el RASFF ha documentado problemas similares de higiene deficiente, presencia de parásitos como Anisakis o contaminantes en envíos procedentes del mismo origen. España actúa frecuentemente como puerta de entrada, asumiendo el coste sanitario y logístico de fallos que deberían haberse evitado en origen o en los puestos fronterizos.
Mientras los gobiernos de izquierdas y el PP promueven una integración económica sin límites con Marruecos, la realidad demuestra que esta relación genera riesgos concretos para la salud pública y para el sector pesquero nacional, que compite en desventaja con importaciones baratas de dudosa calidad. Vox lleva años denunciando esta política de fronteras abiertas que prioriza intereses geopolíticos frente a la protección de los ciudadanos europeos.
La soberanía alimentaria y la seguridad sanitaria no pueden subordinarse a acuerdos comerciales opacos.
Exigencias urgentes frente a la inacción
Es necesario reforzar los controles sistemáticos en las fronteras exteriores, exigir trazabilidad completa y sancionar con dureza las importaciones que no cumplan los estándares europeos. La ciudadanía tiene derecho a consumir alimentos seguros sin que las autoridades miren hacia otro lado por motivos políticos.
Esta alerta debería servir para abrir un debate serio sobre la dependencia exterior en productos básicos y sobre la necesidad de priorizar la producción nacional y europea. La salud de los españoles no es negociable.