En un episodio que expone las entrañas podridas del progresismo clientelar, Irene Montero, la exministra de Igualdad y artífice del caos jurídico que liberó a agresores sexuales, destinó 50 millones de euros de dinero público a un sistema de pulseras antimaltrato que ahora acumula fallos graves, todo ello apenas cuatro meses antes de ser destituida por Pedro Sánchez en noviembre de 2023. Según documentos oficiales, Montero justificó la licitación urgente argumentando que concurría «una necesidad inaplazable y urgente» para modernizar y expandir los dispositivos, extendiendo su uso a víctimas de violencia sexual más allá de la de género, en plena crisis por las excarcelaciones masivas provocadas por su controvertida ley del ‘solo sí es sí’. Pero, ¿era esto una medida genuina para proteger a las mujeres o un parche desesperado para maquillar el fracaso de una norma que rebajó penas a 1.233 condenados y liberó a 126 en 2023?
Fuentes como El Confidencial revelan que la adjudicación a Vodafone, por 50.075.078,29 euros, incluyó la compra inicial de 7.600 conjuntos a 1.200 euros cada uno, con previsiones de miles más para reposiciones. Sin embargo, el nuevo sistema ha generado un apagón informativo en datos previos a marzo de 2024, problemas de geolocalización y alertas automáticas fallidas, haciendo que los agresores puedan quitárselas con facilidad, según expertos como María Ángeles Carmona, expresidenta del observatorio contra la violencia de género. «El sistema anterior, gestionado por Movistar, no presentaba incidencias significativas y garantizaba la seguridad de las víctimas», critica Carmona en declaraciones recogidas por el medio. Esta chapuza ha derivado en absoluciones judiciales y despidos provisionales, mientras el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advertía a su sucesora, Ana Redondo, sobre la falta de garantías en el nuevo modelo.
Este derroche ilustra cómo el feminismo de salón prioriza agendas ideológicas sobre la protección real. OK Diario, en un análisis incisivo, denuncia que Montero optó por ahorrar 200 euros mensuales por pulsera, sacrificando calidad por ahorro, lo que resultó en dispositivos defectuosos que ponen en riesgo a las maltratadas. «Irene Montero prefirió ahorrar 200€ mensuales por pulsera a garantizar la protección de las maltratadas», titula el medio, cuestionando si este fue un cálculo político para inflar presupuestos antes de su salida. El Partido Popular ha exigido la dimisión de Redondo, elevando el debate: ¿hasta cuándo toleraremos que el Estado despilfarre fondos en tecnologías fallidas mientras las víctimas pagan el precio?
Medios como El País recordaban en 2023 las advertencias ignoradas sobre la ley ‘solo sí es sí’, con más de 700 rebajas de penas que agravaron la crisis. El Debate añadía que 22 informes advirtieron de sus defectos, pero Montero los omitió. Este patrón de negligencia culmina en un litigio político que trasciende lo técnico: es un choque entre la responsabilidad fiscal y la ideología irresponsable. Si el Gobierno no rectifica, las verdaderas víctimas serán las mujeres españolas, no las carreras políticas.