Nuevas actas de ETA desentierran el oscuro pacto del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con la banda terrorista. ¿Fue la tregua de 2006 un logro democrático o una capitulación vergonzosa ante el terror? Las revelaciones, publicadas por medios independientes, confirman lo que la derecha siempre denunció: ofertas de dinero a través de ONGs y promesas explícitas de no detener a comandos etarras, todo para mantener una ilusión de paz que terminó en el atentado de Barajas. Este escándalo no solo cuestiona el legado socialista, sino que invita a un debate urgente sobre si negociar con terroristas fortalece o debilita el Estado de derecho.
Las actas, incautadas por la policía francesa en 2008 y ahora accesibles, detallan cómo el Ejecutivo de Zapatero, a través de representantes como Jesús Eguiguren, propuso soluciones financieras para ETA si abandonaba el terrorismo. «Añaden que si el problema es el dinero, siempre se puede arreglar por medio de una organización internacional», registraron los etarras en sus notas durante las negociaciones. Esta oferta, realizada en el contexto de quejas de ETA por presiones económicas, evidencia un intento de subsidiar indirectamente a la banda para asegurar su cumplimiento. El artículo de The Objective del 28 de septiembre de 2025 expone cómo, pese al «alto el fuego permanente» anunciado por ETA en marzo de 2006, la banda continuó con extorsiones, violando los acuerdos mientras el gobierno minimizaba estos hechos.
Pero las concesiones no se limitaron al dinero. Zapatero prometió explícitamente no detener a los comandos de ETA durante la tregua, salvo en casos de delitos graves como robos o homicidios. Las actas lo dejan claro: «No realizar detenciones por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como la Ertzaintza y las fuerzas de seguridad francesas, salvo lo especificado en el punto 1». Además, se comprometió a una «disminución palpable de la presencia policial (controles etc.) así como la desaparición de presiones policiales relacionadas con las actividades políticas de la izquierda abertzale». Estos detalles, revelados en The Objective, muestran cómo el gobierno aceptó de facto la actividad política de Batasuna, ilegalizada entonces, en un plazo de 7 a 10 días tras el anuncio de la tregua.
Corroborando estas acusaciones, La Gaceta reporta que Zapatero ofreció rebajar controles policiales y cesar detenciones tras el alto el fuego, transmitido por Eguiguren a Josu Ternera: una «disminución palpable» de la presencia policial en el País Vasco, exceptuando «robo de coches, atracos y homicidios». Estas promesas, hechas en reuniones en Ginebra, contrastan con las detenciones previas, como la de 13 miembros de la red de extorsión de ETA el 20 de junio de 2006, que Ternera calificó de «saboteadora del incipiente proceso».
Este patrón de concesiones no es nuevo. Actas de 2019 ya revelaban ofertas similares, como anexar Navarra al País Vasco, legalizar Batasuna y no detener etarras, según La Vanguardia y Libertad Digital. ¿Por qué el PSOE persiste en minimizar estos hechos? Fuentes de izquierda, como las declaraciones oficiales de la época, insisten en que se trató de un «proceso de paz» legítimo, pero esto ignora el costo: ETA robó 350 pistolas en octubre de 2006 y atentó en Barajas en diciembre, rompiendo la tregua. El debate es claro: negociar con terroristas, como hizo Zapatero, no acaba con el terror; lo perpetúa, premiando la violencia con impunidad y fondos.