El mercado inmobiliario español sufre un déficit crítico de al menos 700.000 viviendas, según estimaciones del Banco de España y consultoras especializadas, el Gobierno de Pedro Sánchez presenta un Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 dotado con 7.000 millones de euros. Sin embargo, esta cifra, que la ministra Isabel Rodríguez vende como «récord histórico», no cubre ni el 10% de las necesidades reales y enfrenta serios obstáculos para su aprobación. ¿Es este el enésimo intento fallido de un Ejecutivo socialista que culpa al mercado libre mientras impone intervenciones ideológicas que agravan el problema?
La ministra Rodríguez, en su afán por defender el plan, ha declarado recientemente en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero: «Tengo claro lo que no hay que hacer», apuntando al «mercado» como culpable del encarecimiento de la vivienda. «Estoy muy receptiva», afirmó, mientras adelantaba una triplicación de la inversión pública hasta los 7.000 millones. Pero esta retórica choca con la realidad: el plan, que el Estado financiaría en un 60% y las comunidades en un 40%, se elabora de forma unilateral, ignorando las aportaciones de las regiones gobernadas por el PP, que lo rechazan por su sesgo intervencionista.
Desde el Partido Popular, las críticas no se han hecho esperar. Fuentes del PP acusan al Gobierno de «legislar contra las comunidades» y de elaborar un plan «sin diálogo y despreciando a las instituciones». En un comunicado oficial, destacan que «el problema de la vivienda no son los pisos turísticos, sino la nefasta Ley de Vivienda» que ha provocado subidas continuas de precios y la paralización de proyectos. Las comunidades autónomas del PP, que representan una mayoría territorial, han anunciado su rechazo frontal, argumentando que el plan impone medidas ideológicas que «aniquilan proyectos de vida de millones de españoles» y no resuelven el déficit estructural.
Para contextualizar la insuficiencia del plan, basta con mirar las cifras del déficit habitacional. Según un informe reciente de Habitaro, España necesita al menos 700.000 viviendas adicionales para satisfacer la demanda en 2025, una cifra que se eleva a 765.000 según otras estimaciones del INE y consultoras. El Banco de España alerta de un déficit acumulado de 600.000 hasta 2025, que podría superar el millón en los próximos años si no se actúa con urgencia. Con un presupuesto de 7.000 millones, asumiendo un coste medio subsidiado de 100.000 euros por vivienda, el plan apenas financiaría unas 70.000 unidades: menos del 10% de lo requerido. ¿Dónde está la ambición real? Este enfoque minimalista contrasta con las políticas liberales que defienden incentivos fiscales y desregulación para estimular la construcción privada, en lugar de subvenciones estatales que distorsionan el mercado.
El diario El Economista ha destacado los problemas para sacar adelante el plan, señalando que la reunión de este jueves entre Rodríguez y las comunidades busca un «consenso» en tres puntos clave: incremento del parque asequible, promoción del alquiler y rehabilitación energética. Sin embargo, aún no está aprobado y enfrenta oposición férrea, lo que podría dilatarlo o diluirlo. Otras voces, como las del portal Democrata.es, critican que el plan sea «ideológico» y exigen políticas efectivas sin intervencionismo: «La única solución de este Gobierno para los jóvenes es tener que mendigar una vivienda pública».
Este debate ideológico pone de relieve una brecha fundamental: mientras el PSOE insiste en la «intervención pública» para contrarrestar lo que Rodríguez llama «especulación inmobiliaria», los conservadores argumentan que son precisamente las leyes socialistas las que ahuyentan a inversores y reducen la oferta. ¿Por qué no apostar por reformas que faciliten la construcción, reduzcan burocracia y fomenten la propiedad privada? El plan de Rodríguez, lejos de ser una solución, parece un parche electoral que ignora las raíces del problema: regulaciones asfixiantes y una fiscalidad punitiva que desincentivan el sector privado.