¿ETA sigue viva? la demanda de una ley de nietos para los descendientes del exilio. Banda terrorista ETA
Un vídeo grabado en Bilbao el pasado 21 de julio muestra a un joven de dieciséis años que portaba la bandera de España siendo agredido por un grupo de personas. El material se ha difundido con el objetivo de que los presuntos responsables puedan ser identificados. Al mismo tiempo, el cortometraje completo “27 minutos” vuelve a circular con fuerza. La obra reconstruye el asesinato de Antonio Ramírez y Hortensia González, conocidos como los novios de Cádiz, ocurrido en Beasain el 6 de enero de 1979. Tras el tiroteo, el claxon de su vehículo sonó durante veintisiete minutos sin que nadie se acercara a ayudarles.
Ambos registros, separados por casi medio siglo, se insertan en una misma realidad: la de las más de 200.000 personas que se vieron obligadas a abandonar el País Vasco como consecuencia del terrorismo. Aquel éxodo alteró el censo, envejeció la población y dejó a miles de familias sin vínculos jurídicos con su tierra de origen. Hoy sus nietos siguen sin una norma específica que les permita recuperar derechos. La demanda de una ley de nietos para el País Vasco vuelve a situarse en el centro del debate.
El cortometraje que recupera el miedo colectivo de 1979
El 6 de enero de 1979, día de Reyes, Antonio Ramírez y Hortensia González, conocidos como los novios de Cádiz, fueron abatidos a tiros en Beasain, Guipúzcoa. Él era guardia civil y ella su prometida. Tras el ataque, el claxon de su Renault 5 sonó de forma ininterrumpida durante veintisiete minutos mientras ambos se desangraban. Ningún vecino se acercó a auxiliarles. Ese detalle da título al cortometraje completo “27 minutos”, producido por La Dalia Films y dirigido por José Luis Rancaño. La obra, disponible íntegramente en plataformas como YouTube, constituye un homenaje explícito a Hortensia, Antonio y al resto de víctimas de la banda terrorista ETA.
El corto no se limita a recrear el asesinato. Muestra las reacciones del entorno: un sacerdote que se oculta, un mecánico que sonríe, una ama de casa que llora en silencio y un padre que impide a su hijo salir a la calle. Refleja el miedo social que impidió cualquier gesto de solidaridad. Hortensia fue la primera mujer asesinada por ETA por el simple hecho de ser pareja de un agente de las fuerzas de seguridad. El cortometraje, rodado sin ayudas públicas ni distribución comercial convencional, se ha difundido de forma reiterada en redes sociales como antídoto frente al olvido y al blanqueamiento de aquellos hechos.
La secuencia del claxon que nadie detiene funciona como metáfora del silencio colectivo que acompañó décadas de violencia. El filme incluye referencias a otros episodios, como el asesinato de Yoyes en Ordizia, donde testigos afirmaban no haber visto nada. Su difusión actual coincide con el recuerdo de que el terrorismo no solo mató a casi un millar de personas, sino que transformó el tejido demográfico de la región.
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Más de doscientas mil personas obligadas a abandonar su tierra
Como consecuencia directa de la campaña terrorista de signo nacionalista desarrollada durante medio siglo en el País Vasco, más de 200.000 personas se vieron forzadas a abandonar la comunidad. Las estimaciones varían según las fuentes, pero diversos estudios y declaraciones sitúan la cifra en una horquilla que alcanza y supera los doscientos mil afectados, incluyendo a quienes pagaron el llamado impuesto revolucionario o sufrieron amenazas directas. Informes posteriores han cifrado el éxodo neto de españoles nativos en torno a 180.000 entre 1977 y 2022, sin contar necesariamente a todos los familiares.
El Instituto Vasco de Criminología, en el denominado Proyecto Retorno de 2011, ya apuntaba una estimación que oscilaba entre 60.000 y más de 200.000 personas. El resultado demográfico fue un envejecimiento acelerado de la población y una alteración del censo electoral. Quienes se marcharon lo hicieron para preservar su vida y su libertad. Muchos se instalaron en otras provincias españolas y criaron a sus hijos y nietos lejos del entorno que les había expulsado.
Este desplazamiento masivo no ha sido objeto de una reparación específica comparable a otras leyes de memoria. Una propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General pretendía facilitar el ejercicio del derecho de voto en el País Vasco y Navarra a quienes abandonaron el territorio por la amenaza terrorista. La iniciativa, impulsada en su momento por el Ministerio del Interior, quedó congelada por dificultades técnicas, la pérdida de vínculos de muchos afectados y la exigencia de pruebas de amenazas o de pago del impuesto revolucionario. Los descendientes, los nietos de aquellos exiliados, quedaron fuera de cualquier mecanismo de reconocimiento o restitución de derechos.
La ausencia de una norma específica que aborde la situación de las segundas y terceras generaciones ha mantenido abierto el debate sobre la necesidad de una ley de nietos adaptada a esta realidad. Tal disposición permitiría a los descendientes recuperar derechos políticos, de residencia o de reconocimiento vinculados a la tierra de origen de sus abuelos, de forma análoga a otras legislaciones de memoria histórica.
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Los episodios recientes en Bilbao y Berriozar: la persistencia de conductas intimidatorias
El 21 de julio de 2026 circuló un vídeo grabado en Bilbao en el que se observa a un joven de solamente dieciséis años que portaba una bandera de España. Según el material difundido, un grupo de personas le propina una agresión física en plena calle. El registro muestra empujones, golpes y la persecución del menor mientras este intenta alejarse con la bandera. El autor de la publicación en la red social X, Alberto Pugilato, indicó que el material le había sido facilitado para dar visibilidad a los hechos y facilitar la identificación de los presuntos autores, a quienes describió como proetarras.
Capturas adicionales del mismo episodio fueron compartidas con mayor calidad de imagen. En las imágenes se aprecia a varias personas interviniendo en la agresión y a otras que observan o se mantienen al margen. El menor termina en el suelo mientras los atacantes continúan la acción. El vídeo ha generado un elevado número de visualizaciones y compartidos, precisamente porque se presenta como prueba de que determinadas actitudes de intolerancia hacia símbolos nacionales no han desaparecido.
Estos hechos se producen décadas después de que ETA anunciara el cese de su actividad armada. Sin embargo, el cortometraje “27 minutos” y el registro de Bilbao se enlazan en un mismo relato: el de una violencia que, en su día, generó un éxodo masivo y que, en formas distintas, sigue generando terror e intimidación. La difusión del material busca que las autoridades puedan identificar a los presuntos responsables y que la sociedad no normalice este tipo de agresiones.
En paralelo, imágenes de seguridad captadas el 19 de julio en una terraza de Berriozar (Navarra) registran la entrada de varios encapuchados que atacan a un grupo de militares destinados en Navarra. Las imágenes muestran el momento en que los asaltantes irrumpen, se produce el forcejeo y el mobiliario queda volcado mientras las víctimas intentan defenderse o alejarse.
La demanda de una ley de nietos para el País Vasco se formula precisamente en este contexto. Quienes se vieron obligados a marcharse hace décadas dejaron atrás no solo viviendas y empleos, sino también la posibilidad de que sus descendientes mantuvieran vínculos jurídicos y políticos con la comunidad de origen. Una norma que reconociera a los nietos de aquellos exiliados el derecho a recuperar la vecindad administrativa, el derecho de sufragio o medidas de reparación simbólica y material cerraría un ciclo de exclusión forzada.
El cortometraje de 2019 y el vídeo de 2026, separados por casi medio siglo, ilustran la continuidad de un problema que no se agotó con el final de los atentados. Más de 200.000 personas abandonaron el País Vasco como consecuencia del terrorismo. Sus nietos siguen esperando una respuesta legislativa que les permita recuperar lo que el miedo y la violencia les arrebataron a sus familias. La memoria de Antonio y Hortensia, y la de todos los que tuvieron que marcharse, exige algo más que homenajes: una ley que devuelva derechos a quienes nacieron lejos de la tierra de sus abuelos por culpa del terror.