Pedro Sánchez: la avalancha en Ceuta “es un repunte” y culpa al Supremo. Pedro Sánchez.
La bajada de pantalones de Sánchez a Marruecos se confirma en Ceuta: denuncia el ataque territorial pero evita reproches y señala al Supremo.
La claudicación de Sánchez con Marruecos volvió a quedar en evidencia este viernes en una comparecencia institucional celebrada en la propia Ceuta, apenas horas después de que miles de personas entraran de forma irregular en la ciudad autónoma. El presidente del Gobierno llegó escoltado por un amplio dispositivo de seguridad.
Su llegada fue con pitos e insultos por parte de vecinos concentrados en las inmediaciones del edificio institucional, mientras grababan con sus teléfonos el paso de la comitiva.
Una vez en el interior, calificó lo ocurrido como “un ataque, una violación de la integridad territorial de España” y aseguró que el objetivo prioritario es que la ciudad “vuelva a la normalidad”. Sin embargo, en ningún momento dirigió el más mínimo reproche a las autoridades del país vecino. Al contrario: agradeció públicamente su cooperación, las definió como un “país aliado” y compró de forma íntegra la explicación de que la avalancha se debió únicamente a la “lectura interesada” de las mafias de una sentencia del Tribunal Supremo. Según los datos facilitados por Moncloa, de las alrededor de 50.000 personas que habían entrado, 25.000 ya habían retornado a Marruecos al final de la mañana.
La escena resulta especialmente reveladora porque se produjo en el mismo escenario del asalto y porque el Gobierno había desoído durante días las peticiones de ayuda del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, quien incluso invocó la Ley de Seguridad Nacional sin obtener respuesta inmediata. Sánchez viajó acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y se limitó a insistir en que “el Estado está aquí”, mientras elogiaba la interlocución “muy razonable” mantenida con Rabat.
La ausencia de reproche y el elogio reiterado a la cooperación marroquí
En su intervención, el jefe del Ejecutivo evitó por completo señalar a Marruecos como responsable, aunque fuera pasiva, de la entrada masiva. Cuando un periodista le preguntó de forma directa si realmente existía colaboración “cuando han entrado como el que entra en una feria”, Sánchez se desvió de la cuestión y repitió que Marruecos ha cooperado de manera sostenida en la reducción de los flujos irregulares. Según sus cifras, esos flujos han caído un 36 % en lo que va de año y un 40 % en 2025. El presidente presentó el episodio de Ceuta como un “repunte” aislado y no como un fallo de control fronterizo por parte del país vecino.
La sumisión de Sánchez a Marruecos se traduce aquí en una narrativa que convierte al reino alauí en socio leal y desplaza cualquier sombra de duda hacia actores externos. El Gobierno destaca que cientos de personas ya han regresado de forma voluntaria a través de la frontera y que la interlocución con las autoridades marroquíes ha sido “ágil y constante”. Esta versión choca con los testimonios de sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, que apuntan a la inacción de los gendarmes marroquíes, pero el presidente no entró en esa discusión. Se limitó a agradecer la ayuda para las repatriaciones y a presentar a Marruecos como un aliado imprescindible.
Este enfoque conecta con una línea de actuación ya conocida. En otras ocasiones el Ejecutivo ha priorizado la relación bilateral por encima de cualquier reclamación firme sobre el control de las fronteras.
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La sentencia del Supremo convertida en única causa de la avalancha
Sánchez centró su explicación en una resolución del Tribunal Supremo del pasado 9 de julio. Según el presidente, el fallo establece que quien entra a nado por el Tarajal “no supera un elemento de contención fronterizo” y, por tanto, no puede ser objeto de rechazo en frontera. Esa interpretación, afirmó, “ha corrido como la pólvora por las redes de las mafias” y ha provocado la avalancha de las últimas horas. El presidente compró de forma literal la tesis marroquí de que no existe trasfondo político y que todo se reduce a una lectura interesada de los traficantes de personas.
Para intentar corregir la situación, anunció el despliegue de boyas en el Tarajal con el fin de crear una “barrera física” que permita, al menos en el plano administrativo, facilitar las repatriaciones. También dejó abierta la posibilidad de modificar la Ley de Extranjería, aunque sin plazos concretos. Esta reacción llega tarde para muchos de los vecinos de Ceuta, que llevan días viviendo una situación de colapso de servicios y de máxima tensión. La decisión de colocar boyas se presenta como una respuesta técnica a un problema jurídico, pero no aborda la cuestión de fondo: la capacidad real de control de la frontera y la voluntad política de ejercer soberanía plena.
La atribución exclusiva de la responsabilidad a una sentencia judicial permite al Gobierno eludir cualquier debate sobre la gestión de las relaciones con Marruecos y sobre la debilidad de los mecanismos de devolución en caliente. Es una operación narrativa que convierte al alto tribunal en el único responsable de una crisis que se ha desarrollado en territorio español y con origen en el país vecino.
La sentencia del Supremo impide devoluciones inmediatas a nadadores y genera un efecto llamada que satura el CETI y desborda a las fuerzas de seguridad.
El Estado llega tarde y el mensaje de normalidad se impone sobre la exigencia
Sánchez insistió en que el objetivo es recuperar la normalidad lo antes posible y que el Estado desplegará todos los recursos necesarios. Sin embargo, no ofreció plazos para el retorno completo de los asaltantes ni una explicación sobre por qué se ignoraron las peticiones previas del presidente local. La comparecencia desde la propia Ceuta, en lugar de reforzar una imagen de firmeza, ha servido para escenificar una vez más la sumisión: se denuncia el ataque a la integridad territorial, pero se absuelve al actor que controla el otro lado de la frontera y se desplaza la culpa hacia una resolución judicial.
Este patrón no es nuevo. La política exterior del Ejecutivo ha priorizado de forma sistemática el entendimiento con Rabat, incluso cuando los hechos sobre el terreno apuntan a una relajación deliberada del control migratorio. La insistencia en presentar a Marruecos como aliado leal, mientras se evita cualquier reproche, genera un debate necesario sobre hasta qué punto se está cediendo soberanía a cambio de una cooperación que, en los momentos críticos, parece selectiva. En este sentido, resulta pertinente recordar otras informaciones publicadas por este medio sobre la gestión de las fronteras
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y la actitud del Gobierno ante las reclamaciones de las ciudades autónomas
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o la cobertura sobre la presión migratoria internacionalmente.
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La avalancha de Ceuta no es solo un episodio migratorio. Es un test de voluntad política. El presidente ha elegido el camino de la absolución de Marruecos y del señalamiento al Supremo. Esa decisión, formalizada en una comparecencia institucional en el mismo escenario del asalto, confirma una vez más la sumisión y cobardía de Sánchez con Marruecos y deja abiertos interrogantes de fondo sobre la defensa efectiva de la integridad territorial española, cosa de la que no tendría que haber ninguna duda.