Denuncia penal por la compra de Ayuso del ático en Chamberí como "lugar de trabajo"
Una denuncia por presuntos delitos en la compra de un ático de lujo con fondos públicos llega a los juzgados de Madrid tras una previa al Tribunal de Cuentas.
Presentación de la queja ante los órganos de instrucción
La formación Iustitia Europa ha presentado una denuncia ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid por presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude. La acción se dirige contra la adquisición, por parte de la empresa pública Planifica Madrid, de un ático residencial de unos 485 metros cuadrados más terraza en el paseo del General Martínez Campos, valorado en aproximadamente 6,3 millones de euros.
La operación se presentó como solución temporal mientras se rehabilita la Real Casa de Correos, pero se optó por una compra permanente en lugar de un alquiler o inmuebles públicos. La denuncia pide esclarecer quién definió la necesidad, seleccionó el inmueble, autorizó el precio y decidió después ponerlo a la venta. No descarta eventuales indicios de responsabilidad de la presidenta Isabel Díaz Ayuso o del consejero Miguel Ángel García Martín, y solicita, en ese caso, elevar la causa al Tribunal Supremo. También señala posibles irregularidades en la idoneidad urbanística, la comisión inmobiliaria del 3 % (cerca de 189.000 euros) y la carga tributaria asociada.
La adquisición del ático residencial de aproximadamente 485 metros cuadrados, con terraza cercana a los 200 metros, situado en el paseo del General Martínez Campos del barrio de Chamberí, por un importe aproximado de 6.300.000 euros, ha motivado esta primera acción penal conocida. La operación se realizó con fondos de la empresa pública Planifica Madrid, vinculada al Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Isabel Díaz Ayuso. Tras una denuncia previa de un abogado ante el Tribunal de Cuentas, la formación Iustitia Europa ha presentado una querella ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid. En ella se solicitan investigaciones por presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude. El texto de 21 páginas pide esclarecer quién definió la necesidad, seleccionó el inmueble, impulsó el uso de Planifica Madrid, autorizó el precio, emitió los informes justificativos, practicó controles y decidió posteriormente su puesta en venta. Según la denuncia, la operación se presentó públicamente como solución temporal para alojar dependencias de la Presidencia durante las obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos. Sin embargo, se optó por la compra permanente en lugar de un alquiler temporal u otros inmuebles públicos disponibles. Tanto el PSOE como Más Madrid habían anunciado que estudiaban medidas legales, aunque aún no habían formalizado ninguna acción penal.
Elementos señalados en el escrito y posibles responsabilidades
El documento no descarta la eventual responsabilidad penal de personas aforadas. Indica que, si durante la instrucción aparecieran indicios racionales de criminalidad respecto de Isabel Díaz Ayuso o del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, se proceda conforme a las reglas de competencia y, en su caso, se elevación de exposición razonada al Tribunal Supremo.
Se mencionan posibles irregularidades como la falta de idoneidad urbanística del inmueble para uso institucional, la existencia o no de una memoria de necesidad y de un análisis de alternativas, la intervención de una inmobiliaria con una comisión publicada del 3 por ciento (aproximadamente 189.000 euros), una carga tributaria cercana a 378.000 euros y la ausencia inicial de información suficiente en los instrumentos de transparencia. También se apunta a la decisión de poner el ático en venta una vez que la adquisición trascendió públicamente. Además, algunos medios recalcan que la madre de Ayuso vive presuntamente en la misma calle. Además la presidenta de la Comunidad de Madrid ha rechazado categóricamente los comentarios e insinuaciones aventuradas tras conocerse la reciente venta de la vivienda en la que residía junto a su pareja, Alberto González Amador.
Solicitudes de documentación y papel del consejero
Las declaraciones públicas de la presidenta, en las que afirmó no tener conocimiento de la operación y remitió las explicaciones a la Consejería de Presidencia y a Planifica Madrid, llevan a la denuncia a interesar que se determine qué información recibió y cuál fue la intervención de Miguel Ángel García Martín, responsable político de la consejería de la que depende la empresa y presidente de su Consejo de Administración.
Entre las diligencias pedidas figuran la incorporación del expediente completo de adquisición y eventual enajenación, memorias justificativas, informes jurídicos, económicos, fiscales y urbanísticos, tasaciones, actas del Consejo de Administración, comunicaciones internas, justificantes de pago, contrato de intermediación y documentación relativa a la comisión. Asimismo, se requiere a la Presidencia y a la Consejería la documentación sobre la supuesta necesidad de una sede temporal, el expediente de las obras de la Real Casa de Correos, el análisis de alternativas y las comunicaciones con Planifica Madrid.
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