El Gobierno condecora al ponente de la exhumación de Franco y juez de control del CNI
El Gobierno otorga la Gran Cruz del Mérito Naval a Pablo Lucas, ponente de la exhumación de Franco y juez de control del CNI hasta julio de 2026.
El Consejo de Ministros ha aprobado la condecoración de Pablo Lucas, magistrado ponente del fallo que permitió sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Defensa le concede la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, publicada en el BOE del 9 de septiembre, «en atención a los méritos y circunstancias» que concurren en el jurista que, hasta julio, conocía las actividades del CNI.
Una cruz naval para el fallo de 2019
La disposición, a propuesta de la ministra de Defensa y deliberada el 1 de septiembre de 2026, distingue a Pablo María Lucas Murillo de la Cueva. En 2019 redactó la sentencia con la que el Supremo desestimó, por unanimidad, el recurso de la familia Franco y dio vía libre a la exhumación al amparo de la ley de Memoria Histórica, medida estrella de Pedro Sánchez en plena precampaña de los comicios del 10 de noviembre. El alto tribunal rechazó el traslado a la cripta de La Almudena y fijó la inhumación en El Pardo-Mingorrubio.
La condecoración de Pablo Lucas y su control del CNI
Lucas ingresó en 2001 en la Sala de lo Contencioso-Administrativo por el turno de juristas. Fue jefe de Gabinete de Pascual Sala y Javier Delgado en el CGPJ y llegó a ser «el principal favorito» para suceder a Carlos Lesmes. Desde diciembre de 2024 hasta el 13 de julio de 2026, al cumplir 72 años, fue el magistrado competente para controlar al CNI. La condecoración de Pablo Lucas llega apenas dos meses después de ese cese, cuando el Ejecutivo sigue aplicando la Ley de Memoria Democrática como palanca política.
Recusación, Calvo y el relato oficial
En 2020 el Supremo desestimó los recursos de los benedictinos, la Fundación Franco y la ADVC. La Fundación intentó apartarle por su papel en el tribunal que en 1990 propuso a Carmen Calvo en Córdoba y por su etapa en el Centro de Estudios Constitucionales con Felipe González, lo que a su juicio apuntaba a una «connivencia ideológica con el PSOE». El Constitucional sostuvo que el decreto buscaba «eliminar la división entre ciudadanos» y «fomentar» valores democráticos. El Gobierno premia ahora al ponente de aquella operación, mientras el Supremo examina otras causas que interpelan al mismo Ejecutivo.
