Los inmuebles de Muface perdieron calle y planta una semana antes del caso Begoña Gómez
Muface dejó de publicar calles y plantas de su patrimonio siete días antes de que se conociera el ático de 850 euros de la familia de Begoña Gómez.
La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado retiró de su inventario público las calles, las plantas y el estado de ocupación de su Fondo Especial. Lo hizo el 27 de febrero de 2025, siete días antes de que se difundiera el arrendamiento del ático de la familia de Begoña Gómez. Hasta esa fecha, los inmuebles de Muface podían localizarse uno a uno en documentación oficial.
Del BOE al registro sin dirección
Las cuentas de 2019, publicadas en el BOE en diciembre de 2020, identificaban «San Bernardo 38, Bajo», «San Bernardo 38, 1º» y «San Bernardo 38, 6º», todos como «arrendado». El expediente de seguros 88/2024, adjudicado el 23 de enero de 2024 y formalizado en el BOE el 22 de febrero, aún detallaba el bajo (286,5 m²), el primero (234,5 m²) y la sexta planta (154 m²), con un capital asegurado de más de 1,2 millones de euros. En la relación de febrero de 2025 esa precisión desapareció.
Qué dejaron de mostrar los inmuebles de Muface
El nuevo listado tiene 221 registros, pero solo indica localidad, superficie y tipo. La Mutualidad afirma: «No se aportan las direcciones en las que se encuentran los inmuebles, ni su ubicación exacta, por razones de protección de datos personales». Tampoco consta si cada finca está libre, arrendada, cedida o ocupada. El 6 de marzo de 2025 se publicó que presuntamente Sabiniano Gómez Serrano —padre de Begoña Gómez, fallecido en 2024— y su hermano Francisco figuraban como arrendatarios, desde al menos 2015, de un ático de 115 metros en el centro de Madrid por unos 850 euros mensuales, según una comunicación oficial del 19 de junio de 2023.
Patrimonio público y opacidad
La Memoria de 2024 sitúa en 136 los inmuebles libres del Fondo Especial (el 61,54%) y reconoce que no se formalizó ningún arrendamiento nuevo. El recorte impide saber qué activos generan renta. La investigación había comenzado antes de que presuntamente las calles desaparecieran del inventario. El contraste entre el anexo de 2024 y el silencio de 2025 obliga a preguntar qué transparencia cabe exigir a un organismo que administra patrimonio público cuando el entorno familiar del presidente del Gobierno aparece presuntamente entre los inquilinos.
