La juez del caso CEUTA rastrea el dinero en la financiación de la entrada masiva
La juez Tardón pone el foco en el dinero, el hawala y las alertas. Fiscalía investiga la filtración de una nota militar no desclasificada.
La magistrada María Tardón ha situado en el centro de la causa la financiación de la entrada masiva en Ceuta. El auto no describe un suceso espontáneo: pide seguir el dinero, reconstruir las alertas previas al 30 y 31 de julio y aclarar qué falló en el flanco español de El Tarajal.
La financiación de la entrada masiva en Ceuta
Tardón ha encargado a la UDEF y a la UCO un informe sobre quién sufragó la movilización de entre 75.000 y 85.000 personas. En el auto afirma que esa magnitud «difícilmente puede producirse sin recursos materiales y financieros» y ordena analizar «movimientos económicos relevantes detectados en la zona, utilización de sistemas informales de transferencia de fondos, sistemas hawala» y «la contratación de transporte colectivos». También entra el Sepblac. El objetivo es señalar a quienes tenían capacidad real para planificar la operación, no solo a quienes guiaron a pie de frontera.
Satélite, biometría y recelo hacia Moncloa
La instructora reclama al EMAD imágenes satelitales entre el 20 de julio y el 7 de agosto, reconocimiento facial de los llamados «dinamizadores» y el rastro horario de cada alerta enviada a Interior, Delegación, Policía, Guardia Civil y CNI. Citará como testigos a Juan Jesús Vivas y a Gonzalo Sanz. Según La Razón, desconfía de la versión del Gobierno y exige «discreción total» a los mandos para evitar filtraciones hacia superiores o la prensa. El relato de Pedro Sánchez —avisos «rutinarios» y sin escala— queda así sometido a comprobación.
La nota del REW-32 que no se desclasificó
La Fiscalía investiga de oficio una posible revelación de secretos por la filtración de una nota del Regimiento de Guerra Electrónica 32. The Objective reveló que el escrito valoraba como «MUY PROBABLE» una entrada el 30 de julio, coincidiendo con la Fiesta del Trono, y que ese documento no estaba entre los papeles que el Ejecutivo sacó a la luz. El juzgado mira el dinero y las omisiones; la Fiscalía, quién presuntamente filtró lo que Moncloa prefirió no mostrar.
