El Supremo obliga al Gobierno a desvelar los pluses de productividad de altos cargos
Fuerza al Ejecutivo a publicar los pluses de productividad de miles de altos cargos tras años de opacidad amparada en la protección de datos
El Tribunal Supremo ha obligado al Gobierno a desvelar los pluses de productividad que perciben miles de altos cargos y funcionarios de la Administración del Estado. Dos sentencias recientes desbloquean una treintena de resoluciones del Consejo de Transparencia que exigían a una docena de ministerios revelar el complemento variable. El Ejecutivo había evitado durante años esa información invocando la protección de datos personales.
Las sentencias que rompen el muro de opacidad
Las resoluciones 727/2026 y 769/2026 del Alto Tribunal estiman recursos del Consejo de Transparencia frente a Interior y Justicia. El Gobierno recurrió a los tribunales para no facilitar las cuantías individuales. Según el artículo 23.3.c de la Ley 30/1984, «las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de conocimiento público de los demás funcionarios del Departamento u Organismo interesado así como de los representantes sindicales». Esa norma especial sigue vigente y no queda desplazada por la Ley de Transparencia ni por la normativa de datos.
Cómo el Ejecutivo escondió los pluses de productividad
Durante años los ministerios se ampararon en un presunto derecho a la intimidad para no publicar el reparto del complemento. El Consejo de Transparencia dictó decenas de resoluciones que quedaron paralizadas. El velo cubría tanto altos cargos como personal de libre designación. El ministro Óscar López, responsable de Función Pública, hereda ahora la obligación de cumplir lo que el Gobierno había combatido en los tribunales.
Control del dinero público frente a la arbitrariedad
El Supremo fija que el interés en fiscalizar fondos públicos priman sobre la protección de datos de quienes cobran el variable. Los representantes sindicales podrán conocer criterios de reparto y cantidades nominales. Queda por ver si el Ejecutivo entrega la información completa o busca nuevos recovecos. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se reparte el complemento entre miles de puestos.
