Historia del "gang" del PSOE - PRIMERA PARTE:
La interacción entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en España ha experimentado episodios de acentuada tensión institucional durante las etapas de...
Por Enrique J. Ortiz
Parte 1: Impacto Institucional y Magistrados Afectados
La interacción entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en España ha experimentado episodios de acentuada tensión institucional durante las etapas de gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
No es algo que surja con Pedro Sánchez, ni siquiera con Rodríguez Zapatero, desde el principio los socialistas han sido un partido autoritario, por no decir dictatorial y ya en tiempos de Felipe González el PSOE entró en conflicto con el poder judicial —que goza en la constitución de las garantías de independencia, inamovilidad, responsabilidad y sometimiento exclusivo al imperio de la ley (art. 117.1)— debido a las estrategias gubernamentales de control de daños cuando la instrucción penal se adentró en la financiación orgánica del partido de gobierno, las estructuras de seguridad del Estado o la tutela de intereses corporativos afines. En este escenario, la independencia judicial opera como el valladar irrenunciable del Estado de derecho; sin embargo, cuando las causas penales tienen una trascendencia política, la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal quedan expuestos a dinámicas de erosión, deslegitimación y represalia disciplinaria que ponen a prueba la solidez del diseño constitucional.
Las investigaciones sobre tramas de corrupción financiera, abusos de poder o estructuras parapoliciales han puesto de manifiesto la existencia de un catálogo recurrente de mecanismos de presión e interferencia institucional orientados a menoscabar la credibilidad o neutralizar la continuidad de los magistrados instructores y fiscales.
Os pongo algunos ejemplos: campañas sistemáticas de descalificación pública articuladas desde tribunas políticas y medios afines, orientadas a imputar al instructor motivaciones partidistas, parcialidad subjetiva o impericia técnica para deslegitimar la validez de las actuaciones procesales. Seguro que a poquito que lo penséis os acordáis de algunos casos recientes o antiguos.
La inhibición, pasividad o tibia respuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al evaluar las solicitudes de amparo institucional (art. 14 LOPJ) formuladas por los magistrados frente a los ataques procedentes de los poderes ejecutivos y legislativo. La instrumentalización de expedientes sancionadores, reorganizaciones administrativas o traslados forzosos mediante la acción combinada del Ministerio de Justicia y las facultades de jerarquía del Ministerio Fiscal para apartar a perfiles no alineados de procedimientos de elevada sensibilidad institucional.
Esta colisión estructural entre el ejercicio independiente de la función jurisdiccional y el blindaje del poder político tuvo su primer referente en la época de Felipe González durante la instrucción penal de la trama de financiación irregular del PSOE a comienzos de la década de 1990.
El Caso Marino Barbero y la Instrucción del Caso Filesa
La figura del magistrado Marino Barbero Santos encarna un hito insustituible en la historia procesal española al asumir la instrucción del caso Filesa, el primer macroproceso penal por financiación irregular de un partido político que afectó de manera directa a la estructura federal del PSOE. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid y jurista de indiscutible autoridad dogmática, Barbero personificó la vulnerabilidad del juez instructor frente al rodillo de la presión político-mediática gubernamental cuando se investiga la corrupción sistémica.
Formado en la Universidad de Heidelberg y en el Real Colegio Mayor de San Clemente de los Españoles de Bolonia —donde integró la prestigiosa promoción de los "Bolonios" como discípulo directo de Antón Oneca y Luis Jiménez de Asúa, Barbero sufrió la represión de la dictadura franquista. El régimen le denegó el pasaporte por sus posiciones democráticas, tachadas de "rojas", y en 1963, tras acceder a la cátedra de Derecho Penal de la Universidad de Murcia, se negó a jurar los Principios del Movimiento Nacional. Años después, accedió a la Sala Segunda del Tribunal Supremo por el turno reservado a juristas de reconocido prestigio, a propuesta de vocales del CGPJ promovidos a iniciativa del PSOE, en atención a su acreditada ejecutoria en la defensa de los derechos fundamentales y su oposición frontal a la pena de muerte.
Me he extendido en la biografía del juez Barbero para que apreciéis que no estamos hablando de lo que la izquierda y la extrema izquierda llamarían law fair o juez facha.
Entre 1991 y 1995, como instructor de la causa Filesa en el Tribunal Supremo, Barbero practicó una rigurosa e inflexible batería de diligencias delictivas:
Requirió formalmente al Tribunal de Cuentas la rendición completa de la contabilidad oficial del PSOE.
Ordenó e intervino personalmente en los registros de la sede federal social e institucional del PSOE (calle Ferraz) y de la sede central del Banco de España.
Dictó en febrero de 1995 la elevación de suplicatorio a las Cortes Generales para proceder penalmente contra el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra por presunto delito electoral (el oscargután de la época).
Llegó a imputar a 39 personas —entre cargos políticos, banqueros y empresarios— por la presunta comisión de delitos de falsedad en documento mercantil y fiscal, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, delitos monetarios, tráfico de influencias y asociación ilícita.
Esta actividad instructora desató una virulenta campaña de hostigamiento político y mediático promovida desde el entorno del Ejecutivo de Felipe González. Destacados dirigentes del PSOE, como el entonces presidente de la Junta de Extremadura, acusaron públicamente al magistrado de pretender "hacer política sin pasar por las urnas". Pese a la extrema dureza de las agresiones verbales, el CGPJ eludió otorgarle un amparo institucional efectivo, lo que motivó su dimisión voluntaria de la carrera judicial el 31 de julio de 1995. Tras su renuncia, Barbero reingresó a la docencia universitaria y asumió la presidencia de la Real Academia de Artes y Letras de Extremadura.
El proceso concluyó en 1997 con la sentencia condenatoria dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra 8 procesados, incluidos dos parlamentarios nacionales. La Sentencia del Tribunal Constitucional de 4 de junio de 2001 (STC 124/2001) confirmó la plena legalidad de las pruebas obtenidas e investigaciones practicadas por Barbero, desestimando los recursos de amparo de los condenados.
En cuanto al juez, falleció por enfermedad cardiovascular el 26 de junio de 2001, a los 72 años, tras quince días de ingreso en la clínica Puerta de Hierro de Madrid. Aunque en honor a la verdad hay que decir que llevaba marcapasos desde el año 1986.
La renuncia de Marino Barbero visibilizó los costes personales y profesionales que el poder político imponía a la función instructora, una dinámica de conflicto que se trasladó con inusitada virulencia a la Audiencia Nacional y al control de los grupos de comunicación durante la segunda mitad de la década de 1990.