Historia del "gang" del PSOE - SEGUNDA PARTE: Javier Gómez de Liaño y el Conflicto Sogecable
En 1997, el escenario procesal español se vio sacudido por el denominado caso Sogecable. La instrucción penal iniciada en...
Si te perdiste la primera parte, pincha aquí: Historia del gang del psoe primera parte impacto institucional y magistrados afectados
Por Enrique J. Ortiz
En 1997, el escenario procesal español se vio sacudido por el denominado caso Sogecable. La instrucción penal iniciada en el Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional por el magistrado Javier Gómez de Liaño derivó en una confrontación inédita entre la obligación de investigar del juez y la cúpula directiva del Grupo Prisa, conglomerado mediático con una alineación editorial decisiva en favor de los gobiernos del PSOE.
Así fue el desarrollo procesal de la causa y la posterior inhabilitación penal del instructor: El procedimiento se originó a raíz de una querella por presunta apropiación indebida interpuesta contra los máximos ejecutivos de Sogecable y del Grupo Prisa —entre ellos Jesús de Polanco y Juan Luis Cebrián—, centrada en la supuesta opacidad y desvío de los fondos de las fianzas depositadas por los abonados para la adquisición de los decodificadores de televisión de pago.
Una información para los más jóvenes: Ese Juan Luis Cebrián, es el mismo Juan Luis Cebrián que ahora está detrás de The Objective y sale en Telemadrid con el Sr. Naranjo atacando a P.S. “Cosas veredes” que dijo el clásico.
Posteriormente durante la sustanciación de la causa, Gómez de Liaño adoptó medidas cautelares y resoluciones procesales que fueron recurridas. Hasta siete de sus resoluciones fueron revocadas por la Sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional. Los querellados interpusieron querella criminal por prevaricación contra el juez. En octubre de 1999, la Sala Segunda del Tribunal Supremo le condenó por un delito continuado de prevaricación judicial a la pena de 15 años de inhabilitación especial, al estimar que dictó resoluciones injustas a sabiendas para perjudicar a los querellados.
En noviembre de 1999 el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ejecuta la sentencia del Tribunal Supremo y acuerda la pérdida definitiva de la condición de juez de Gómez de Liaño, quien formalmente ya había dimitido como vocal del CGPJ en enero de 1994. Y es que el poder de Felipe González, como ahora el de Sánchez era incontestable.
En el año 2000, el Gobierno de José María Aznar le concede el indulto, restituyéndole sus derechos civiles pero sin reincorporación automática a la carrera. Finalmente en 2008, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dicta una relevante sentencia mediante la cual condena a España al declarar violado el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (derecho a un tribunal imparcial), al constatar que dos de los magistrados del Tribunal Supremo que le condenaron por prevaricación habían participado con anterioridad en resoluciones incidentales de la misma causa, quebrando la imparcialidad objetiva del juzgador. Queda claro que fue Felipe Gonzáles, el del PSOE bueno, quien empezó metiendo mano a la justicia y no castigando la corrupción, ya entonces galopante.
La marejada procesal desencadenada por el caso Sogecable no se restringió a la judicatura de instrucción, sino que alcanzó de lleno a la cúpula del Ministerio Fiscal en la Audiencia Nacional.
Durante el segundo trienio de la década de 1990, la Fiscalía de la Audiencia Nacional operó como un foco de alta tensión procesal. Un sector de fiscales —calificados en la crónica periodística como los "fiscales indomables", integrado por María Dolores Márquez de Prado (casada con el juez Gómez Liaño), Eduardo Fungairiño e Ignacio Gordillo— mantuvo un abierto pulso institucional con las directrices jerárquicas emanadas de la Jefatura del órgano (¿De quién dependía la fiscalía? Pues eso, de Felipe González) y del Ministerio de Justicia en causas de terrorismo y corrupción.
Esta fue la secuencia disciplinaria y la ulterior trayectoria procesal de Márquez de Prado: En 1997 Márquez de Prado mantuvo fuertes discrepancias jurídicas con la cúpula del Ministerio Fiscal. Desde el entorno gubernamental y la jefatura se imputó a la fiscal un ejercicio del cargo presidido por la "acritud y los excesos" institucionales, incoándose un expediente que buscaba apartarla de la Audiencia Nacional. En mayo de 1997, el Gobierno resolvió el conflicto mediante un Real Decreto del Ministerio de Justicia que ejecutó el traslado forzoso de Márquez de Prado fuera de la Audiencia Nacional. Este severo correctivo disciplinario provocó una severa crisis en la cúpula del Ministerio Público: el entonces Fiscal General del Estado, Juan Cesáreo Ortiz Úrculo, dimitió de su cargo al no estar dispuesto a asumir los términos y presiones políticas que rodearon la sanción de la fiscal. Tras la salida de Ortiz Úrculo, Jesús Cardenal fue nombrado Fiscal General del Estado, correspondiéndole a este último gestionar la etapa posterior de recursos, retorno y posterior promoción de la fiscal. Durante la jefatura de Jesús Cardenal, es promovida a la categoría de Fiscal del Tribunal Supremo, máxima cúspide de la carrera fiscal.
Posteriormente en 2007, solicita la excedencia voluntaria en la carrera fiscal para dedicarse al ejercicio privado de la abogacía penal en la firma Gómez de Liaño & Márquez de Prado, asumiendo la dirección letrada de causas de gran resonancia pública.
Las interferencias en la Fiscalía prefiguraron un escenario de lo más opaco y de colisión institucional, en el que la investigación de la denominada "policía patriótica" y los atentados del 11-M terminaron entrelazándose con el destino de magistrados de instrucción en Madrid.
