El Supremo condena a UGT a reintegrar 18,3M por irregularidades en cursos de formación
El Tribunal Supremo confirma que UGT-Andalucía debe devolver 18,3 millones a la Junta por irregularidades en cursos de formación anteriores a 2009
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación de UGT-Andalucía y confirma la obligación de devolver 18 millones a la Junta de Andalucía. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ratifica la sentencia del TSJA de 2023 por irregularidades detectadas en cursos de formación anteriores a 2009. El importe total asciende a 18,3 millones: 13,1 millones de la subvención principal y 5,2 millones en intereses. El expediente administrativo se abrió el 16 de septiembre de 2015, cuando la Junta estaba gobernada por el PSOE.
El Supremo confirma el reintegro de 18 millones
La resolución judicial avala las “infracciones de notable gravedad” descritas en la sentencia del TSJA. Según el texto, “las infracciones observadas en la actividad desarrollada por UGT-A son de notable gravedad (…) y las meritadas infracciones iban de la mano de la ejecución de la actividad para la cual se concedió a UGT-A la subvención”. Las irregularidades consistieron en subcontrataciones no autorizadas con sociedades instrumentales del sindicato y en la fijación discrecional de salarios de docentes al margen de los baremos previstos. Los cursos se impartieron, pero no se cumplieron los procedimientos de justificación exigidos para las subvenciones públicas destinadas a la formación de parados andaluces.
El expediente que estuvo a punto de prescribir
El procedimiento administrativo estuvo próximo a prescribir en 2019. El gobierno de Juanma Moreno lo resolvió el 14 de octubre de aquel año y desestimó los recursos presentados por UGT-A. El sindicato acudió después a la jurisdicción contencioso-administrativa y, finalmente, a casación ante el Supremo, que ahora cierra la vía ordinaria. El caso se originó en informaciones periodísticas sobre el manejo de fondos de formación y llegó a afectar al entorno de Susana Díaz, generando entonces una ruptura prolongada entre el PSOE andaluz y UGT-A.
Una causa penal paralela por 40 millones
En un procedimiento distinto, la Audiencia de Sevilla dictó sentencia en 2024 y declaró a UGT-A responsable civil subsidiario de 40 millones de euros por presunto fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil. Varios exmiembros de las directivas regionales fueron condenados. El sindicato ha anunciado que espera la resolución definitiva del recurso ante el Tribunal Supremo. Esta causa penal es anterior a la dirección actual y a la inmediatamente anterior del sindicato.
