Guía rápida: qué cambia para ti si tienes un piso en alquiler tras la votación de los decretos
La Diputación Permanente mantiene la prórroga de alquiler de hasta 2 años a petición del inquilino y el tope del 2 % sin nuevo pacto. Guía práctica
La Diputación Permanente del Congreso convalidó este 12 de noviembre el Real Decreto-ley 29/2026 por 35 votos a 34 (PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos frente a PP, Vox y Junts), mientras rechazó el 28/2026 (el de la renovación automática de cinco o siete años) por 34 a 35 al sumarse el PNV al no. El texto que sigue en vigor, publicado en el BOE el 7 de octubre y aplicable desde el día 8, afecta a quien tenga un piso alquilado como vivienda habitual: permite una prórroga de alquiler de hasta dos años si el inquilino la solicita y limita la subida al 2 % sin nuevo acuerdo. Esta guía resume las condiciones reales del BOE-A-2026-20823 sin añadir supuestos no previstos en la norma.
Qué significa la prórroga de alquiler de hasta dos años
Según la disposición final quinta, se aplica a contratos de vivienda habitual vigentes el 8 de octubre de 2026 en los que finalice antes del 31 de diciembre de 2028 la prórroga obligatoria del artículo 9.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la tácita de los artículos 10.1 y 10.2 o el periodo de tácita reconducción del artículo 1566 del Código Civil. El inquilino debe estar al corriente de pago y haberlo estado mensualmente los ocho meses anteriores. La extensión se concede por plazos anuales y hasta un máximo de dos años adicionales, manteniendo los términos del contrato. No es automática: exige solicitud previa. El arrendador debe aceptarla salvo acuerdo distinto, nuevo contrato o necesidad real y acreditada de ocupar la vivienda para sí o familiares (artículo 9.3 LAU, aunque no estuviera prevista en el contrato). Es incompatible con la prórroga preferente del artículo 10.3 LAU y no procede si se renueva o firma un contrato nuevo con renta al menos un 5 % inferior.
El tope del 2 % y cómo afecta la rentabilidad
La disposición final sexta limita las actualizaciones anuales de renta cuya anualidad caiga entre la entrada en vigor y el 31 de diciembre de 2027. Si la renta supera el límite máximo del sistema estatal de índices de precios de referencia, no procede incremento alguno. En los demás casos las partes pueden pactar; a falta de nuevo acuerdo, el incremento no podrá superar el 2 %. Esta regla se suma a los topes ya existentes (IRAV) y reduce la capacidad de ajuste de los propietarios en un mercado con costes al alza. El resultado práctico es una congelación relativa de rentas durante más de un año adicional, lo que desincentiva la oferta de alquiler residencial y traslada el riesgo de inflación y mantenimiento al dueño.
Excepciones y pasos recomendados para propietarios
Revise primero si su contrato entra en los supuestos del 31 de diciembre de 2028 y si el inquilino cumple el requisito de pagos puntuales. Documente por escrito cualquier comunicación (burofax o similar) y valore si concurre causa de necesidad propia o familiar que permita oponerse. Consulte el índice de referencia oficial para comprobar si su renta está por encima del tope (en cuyo caso la actualización queda a cero). Estas medidas continúan la política intervencionista del Gobierno en materia de vivienda, que prioriza la continuidad del inquilino sobre la libre disposición del propietario y contribuye a reducir la oferta disponible. Para el detalle exacto, acuda al texto consolidado del BOE-A-2026-20823.
Recomendado: boe.esBOE-A-2026-20823 Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible.
BOE-A-2026-20823 Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible.


