La Guardia Civil vincula el piso de la novia de Ábalos a comisiones ilegales
La UCO señalaría que empleó 65.000 euros de una sociedad portuguesa, ligados a presuntas comisiones del caso Koldo, para un piso y garaje en Vallecas.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil habría detenido a Andrea de la Torre, actual pareja del exministro José Luis Ábalos, al concluir que adquirió presuntamente un piso y una plaza de garaje en el Ensanche de Vallecas (Madrid) con dinero que procedería de presuntas comisiones ilegales. El juez Ismael Moreno investiga el caso en una pieza separada de la trama Koldo.
El origen de los 65.000 euros de la sociedad portuguesa
Según el informe de la UCO al que ha tenido acceso Vozpópuli, la portuguesa Esperança Colossal habría realizado una transferencia de 65.000 euros en concepto de “préstamo”. De la Torre habría empleado esos fondos en 2024 para hacer frente a la compra de la vivienda y la plaza de garaje anexa. “Para hacer frente a esta operación habría empleado, entre otros, los 65.000 euros que recibió mediante una transferencia ordenada por Esperança Colossal”, concluye el informe policial. La sociedad estaría presuntamente vinculada al empresario Jorge Pérez Marqués y se utilizó, según los investigadores, para canalizar fondos al entorno del exministro.
El papel del exchofer de Sánchez como intermediario
Cristian Corvillo, ex chófer de Pedro Sánchez durante las primarias de 2017 y también detenido en la operación, aparecería presuntamente como “intermediario” entre Víctor de Aldama y José Luis Ábalos. Los investigadores destacan la “proximidad temporal” entre la “necesidad económica manifestada” por Ábalos, la búsqueda de financiación para la vivienda de su pareja y un posterior encuentro del exministro con Corvillo. El informe situaría a Corvillo en la canalización de supuestas comisiones ilegales a través de sociedades del entorno empresarial.
La pieza separada y el contrato del AVE
El juez Moreno investiga a Andrea de la Torre por presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. El mismo informe señala que Corvillo habría intervenido en la presunta licitación irregular del tramo San Rafael-Cuarto de la Jara de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura, adjudicado a la UTE formada por Azvi y Construcciones Sierra Nevado. La operación forma parte de las pesquisas sobre amaños de contratos de obra pública en el Ministerio de Transportes.
