El PSOE da a dedo desde AETIB 130.000€ a medios afines y ahora cuestiona la publicidad institucional
Los registros de la AETIB mostrarían presuntos pagos a Público, elDiario.es y El Plural bajo Negueruela. El 74% se concentró en 2023. Los detalles, aquí
Los fondos de la AETIB presuntamente destinados a determinados medios durante los gobiernos de Francina Armengol, bajo la responsabilidad de Iago Negueruela en Turismo, alcanzarían 130.545,51 euros según los registros contables del periodo 2015-2023. El PSOE cuestiona ahora los criterios de publicidad institucional del actual Govern, mientras estos pagos, ajenos a las partidas generales, se habrían presuntamente concentrado en gran medida en el año electoral.
Los fondos de la AETIB y su concentración en 2023
Según los registros contables citados por OKDiario, la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares abonó 56.569,36 euros a Público, 42.850,55 a elDiario.es (más 2.200 a su edición balear) y 28.925,60 a El Plural. De ese total, 96.347,87 euros (el 74%) se registraron en 2023. Estos importes, sin IVA, procederían presuntamente de partidas vinculadas a la AETIB y no del reparto ordinario de publicidad institucional del Govern.
Preguntas abiertas sobre criterios y procedimientos
La gestión del entonces conseller Negueruela plantea interrogantes sobre cómo se seleccionaron esas cabeceras, qué procedimientos se siguieron y quién autorizó las operaciones. Si, como presuntamente se sostiene, se trató de adjudicaciones directas, los expedientes deberían permitir comprobar la justificación y la contraprestación recibida por la Administración. Antes de reclamar explicaciones sobre audiencia y difusión al actual Ejecutivo, el PSOE debería aclarar estos extremos de su propia etapa.
Precedente y exigencia de coherencia
A estos pagos se sumaría el precedente de los 40 Music Awards de 2021, organizados por el Grupo Prisa en Palma, para los que la Agencia Balear de Turismo aportó presuntamente 1,2 millones de euros a la Cadena SER, con recursos vinculados a la ecotasa. Los ciudadanos tienen derecho a conocer quién recibió el dinero, qué servicios se prestaron y qué retorno obtuvo la Administración. La transparencia no puede ser selectiva ni limitarse al adversario político.


