La Comisión Europea ha enviado una advertencia formal al Gobierno de España respecto a su reciente iniciativa para regular el acceso a las redes sociales. Según el organismo europeo, la normativa propuesta por el Ejecutivo de Pedro Sánchez podría vulnerar los principios de proporcionalidad y privacidad establecidos en el marco jurídico de la Unión Europea. Mientras el Gobierno insiste en su agenda de control, fuentes independientes y expertos internacionales cuestionan si estas iniciativas no representan un asalto encubierto a las libertades individuales, abriendo un debate crucial sobre el equilibrio entre seguridad y derechos fundamentales en la era digital.
La Comisión Europea ha sido clara en su corrección: las medidas nacionales no pueden imponer «obligaciones adicionales» a las grandes plataformas más allá de lo establecido en la DSA. «No hay necesidad de pisarle el terreno a la DSA», declaró Thomas Regnier, portavoz comunitario de Seguridad Tecnológica, enfatizando que competencias como la verificación de edad y el control de plataformas corresponden a Bruselas para proteger a 450 millones de ciudadanos europeos.
La Comisión Europea expone así la hipocresía de un Gobierno que pretende legislar por encima de Europa, ignorando el riesgo de fragmentar el mercado digital unificado.
La crítica de Pavel Durov contra Pedro Sánchez
A este toque de atención desde Bruselas se ha sumado una reacción contundente de Pavel Durov, fundador de Telegram, quien ha expresado su profunda preocupación por la deriva regulatoria en España. Durov ha alertado sobre el riesgo de que estas medidas transformen el país en un entorno de control excesivo sobre el ciudadano.
«España podría convertirse en un estado de vigilancia si se aplican estas restricciones sin las salvaguardas adecuadas», afirmó el dueño de Telegram en un comunicado que ha sacudido el sector tecnológico.
Durov también critica que la verificación obligatoria de edad erosione el anonimato y facilite la recopilación masiva de datos, mientras que penalizar la amplificación de contenido «dañino» permita censurar opiniones disidentes. Estas críticas internacionales destacan cómo el Gobierno parece priorizar una agenda ideológica de control sobre la verdadera innovación y libertad digital.
¿Protección o asalto a las libertades?
Este choque entre el Gobierno y figuras como la Comisión Europea y Durov plantea un debate esencial: ¿son estas medidas una protección legítima para los menores o un pretexto para erosionar la privacidad y la libertad de expresión? Fuentes de La Moncloa defienden la urgencia de «recuperar el control de la gobernanza digital» para un espacio «sano y democrático». Sin embargo, críticos argumentan que tipificar la manipulación de algoritmos como delito y exigir verificación biométrica abre la puerta a la sobrecensura.
Este enfrentamiento invita a reflexionar: ¿deben los Estados sacrificar la privacidad por una supuesta seguridad, o es imperativo defender el anonimato y la expresión libre frente a burócratas y tecnócratas?