En un momento en que España se enfrenta a lluvias persistentes que han dejado comunidades enteras aisladas y ríos desbordados, surge una pregunta ineludible: ¿ha contribuido la política del Gobierno de Pedro Sánchez a empeorar esta crisis? Las intensas y persistentes lluvias que han azotado diversos puntos del territorio nacional durante las últimas semanas han puesto de relieve una problemática técnica y legislativa que podría estar intensificando las consecuencias del temporal. En el centro de la polémica se encuentra el Real Decreto 665/2023, de 18 de julio, una normativa impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez con el objetivo de modificar el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
El principal punto de fricción reside en cómo esta regulación afecta a la capacidad de drenaje de los cauces. Según expertos y análisis técnicos, la normativa ha introducido criterios que, en situaciones de precipitaciones extremas, dificultan la gestión ágil de infraestructuras críticas.
«En caso de lluvias extremas, y en caso de que las obras de drenaje no se ejecuten a tiempo, los puentes y pasos pueden convertirse en tapones temporales, empeorando los desbordamientos».
Mientras el Ejecutivo defiende su visión ecológica, expertos y fuentes consultadas señalan que estas limitaciones dejan a las zonas urbanas expuestas a desbordamientos catastróficos, cuestionando si el progresismo ambiental no está sacrificando la seguridad ciudadana en el altar de ideales utópicos.
El decreto en cuestión, según detalla el análisis publicado en El Debate, establece criterios estrictos para obras de protección y modificaciones en cauces, prohibiendo alteraciones que afecten la dinámica natural del agua. Fuentes de la Confederación Hidrográfica del Tajo explican que, en la práctica, esto impide intervenciones necesarias en áreas densamente pobladas, facilitando que los ríos actúen como «tapones temporales» durante lluvias extremas. «Uno de los grandes problemas de estas lluvias continuas es la posibilidad de desbordamiento de los cauces de los ríos», destacando cómo esta política ha exacerbado incidentes recientes en Granada, Galicia y Sevilla. En Órgiva (Granada), por ejemplo, el desbordamiento del río Chico ha aislado a unos 200 vecinos, dejando viviendas y cortijos inaccesibles salvo a pie. En Ourense (Galicia), las crecidas del río Arnoia han cerrado paseos fluviales y vías de comunicación, según informa Carlos Ruiz del Portal, jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.
Pero este no es un caso aislado; el patrón se repite en el historial de Sánchez con emergencias climáticas. Recordemos las devastadoras inundaciones por DANA en Valencia en octubre de 2024, que dejaron al menos 229 muertos y provocaron un aluvión de críticas por la gestión gubernamental. En aquel entonces, el presidente defendió su actuación, anunciando paquetes de ayudas millonarios –hasta 16.600 millones de euros–, pero evitó asumir responsabilidades directas, delegando en las regiones. «El Ejecutivo hizo ‘lo que tenía que hacer’ ante esta catástrofe», declaró Sánchez ante el Congreso, acusando a la oposición de polarizar la tragedia. Sin embargo, juristas y analistas han denunciado el abuso de decretos-ley por parte de su Gobierno, como el Real Decreto-ley 6/2024 para responder a la DANA, que autoriza gastos sin debate parlamentario, un mecanismo que, según fuentes jurídicas, «arrampla con el Estado de derecho». «El uso abusivo y sin justificación que está realizando el Ejecutivo del Real Decreto-Ley», denuncian expertos consultados por Libertad Digital, subrayando cómo estas herramientas evitan el escrutinio necesario en temas críticos como la prevención de inundaciones.
Más allá, un decreto firmado por Sánchez en 2021 lo obliga a asumir el mando en catástrofes climáticas, incluyendo inundaciones, pero en la práctica, ha optado por una coordinación descentralizada que deja a las comunidades autónomas a merced de los elementos. «Sánchez incluyó una estrategia específica para responder a emergencias climáticas, destacando riesgos como inundaciones», detalla LA GACETA, criticando su inacción en asumir el control central. Esta negligencia se agrava con el decreto de 2023, que, al priorizar soluciones «basadas en la naturaleza», desincentiva infraestructuras robustas. En contraste, voces internacionales como el británico Richard Tice señalan que normativas europeas similares –posiblemente influyentes en el decreto español– han empeorado desastres al restringir el flujo natural de ríos, argumentando que es «más barato, inteligente y seguro adaptarse al cambio climático que pensar arrogantemente que se puede detener».
¿Deben prevalecer las ambiciones verdes sobre la protección inmediata? Mientras el Gobierno aprueba medidas reactivas, como el Real Decreto-ley 12/2025 para prorrogar ayudas a entidades locales en zonas inundables, la oposición y analistas independientes exigen un replanteamiento.
Puntos clave de la controversia:
- Riesgo en zonas urbanas: El desbordamiento de los ríos en áreas densamente pobladas se ha convertido en uno de los mayores peligros actuales, aumentando exponencialmente la magnitud de las tragedias materiales y humanas.
- Obstáculos estructurales: La aplicación del decreto ha sido señalada por generar «daños colaterales» en la planificación de infraestructuras. Si los sistemas de drenaje no se adecúan a la nueva normativa con la rapidez necesaria, elementos como puentes y pasos canalizados actúan como barreras, provocando que el agua busque salidas alternativas e inunde zonas que antes se consideraban seguras.
- Gestión del Dominio Público: Aunque el fin declarado del decreto era mejorar la protección ambiental y la seguridad jurídica, la realidad de los últimos días demuestra una brecha entre la regulación administrativa y la respuesta física de los ríos ante episodios de inundaciones severas.
En última instancia, este decreto no solo refleja una visión ideológica desconectada de la realidad, sino que invita a un debate urgente sobre el equilibrio entre ecologismo y resiliencia. Si las inundaciones persisten, ¿seguirá Sánchez priorizando la ‘continuidad fluvial’ sobre la vida de los españoles? La evidencia sugiere que es hora de revisar estas políticas antes de que el agua nos arrastre a todos.