En un giro jurídico de gran calado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha fallado a favor de Carles Puigdemont, anulando la decisión del Parlamento Europeo que le retiró la inmunidad parlamentaria. Esta sentencia no solo representa una victoria simbólica para un prófugo acusado de delitos graves, sino que expone las grietas de una justicia europea cada vez más influida por agendas ideológicas. Esta sentencia supone un revés para la Eurocámara y ha generado una reacción inmediata y contundente por parte de diversas fuerzas políticas españolas.
Puigdemont, ese eterno escapista de la ley, se beneficia de un fallo que cuestiona la imparcialidad del propio sistema europeo, pero que en realidad perpetúa la impunidad de quienes desafían la unidad nacional.
El tribunal con sede en Luxemburgo ha considerado que el procedimiento seguido para levantar la protección parlamentaria a Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí no se ajustó a derecho. Con esta resolución, los líderes independentistas recuperan, de manera efectiva, las prerrogativas que impiden su detención por parte de las autoridades de los Estados miembros, salvo en caso de flagrante delito.
Pero vayamos más allá: esta ruling no es más que un salvavidas para un hombre que ha burlado la justicia española durante años. Puigdemont no es un héroe perseguido, sino un golpista que organizó un referéndum ilegal y huyó cobardemente, dejando a Cataluña en el caos. ¿es realmente imparcial un tribunal que prioriza formalismos sobre la persecución de delitos como la sedición y la malversación? En lugar de proteger a los estados miembros, el TJUE parece aliarse con quienes buscan desmembrar naciones soberanas, un peligro para la estabilidad europea.
Reacciones políticas: «Justicia politizada»
La sentencia no ha tardado en provocar reacciones encontradas. El eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, se ha mostrado especialmente crítico, cuestionando la imparcialidad del alto tribunal europeo. Para Buxadé, esta decisión confirma su percepción de un sistema judicial que favorece intereses políticos específicos por encima de la soberanía nacional.
«Estamos ante una justicia parcial y politizada que no respeta la voluntad de los españoles ni el ordenamiento jurídico de nuestra nación», ha declarado de forma tajante el dirigente de Vox.
Buxadé va al grano al calificar a Puigdemont como «un prófugo y un golpista», insistiendo en que el error fue permitirle abandonar España: «No podemos confiar en un tribunal que prioriza la política sobre la justicia». Puigdemont no merece protección; merece rendir cuentas por su desafío al orden constitucional.
Un nuevo escenario jurídico
La anulación de la decisión del Parlamento Europeo implica que el proceso de suplicatorio deberá ser revisado, lo que dilata los tiempos de la justicia española en su intento de procesar a los líderes del procés. Este fallo refuerza la posición de Puigdemont en el ámbito internacional, mientras que en España el debate sobre la independencia judicial y la influencia de las instituciones europeas vuelve a situarse en el centro de la agenda pública. Es hora de reformar un TJUE que parece más un club ideológico que un baluarte de la ley.