La sanidad pública española atraviesa uno de sus momentos más críticos. Tras un primer día marcado por el seguimiento masivo, los profesionales sanitarios encaran este segundo día de paros con las negociaciones bloqueadas y un impacto directo en la atención al paciente: miles de consultas externas y operaciones quirúrgicas han sido canceladas en todo el país.
Esta huelga, liderada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y otros sindicatos, es una respuesta necesaria a un Gobierno de izquierdas que impone reformas ideológicas sin diálogo, priorizando consignas partidistas sobre la excelencia sanitaria. Los médicos no exigen privilegios, sino condiciones dignas que garanticen la seguridad de los pacientes, frente a una ministra que, paradójicamente, pasó de manifestarse como médica a ignorar a sus colegas desde el poder.
Un grito por la dignidad
Esta huelga defiende a los pacientes y expone la negligencia gubernamental. En el primer día, se cancelaron 259 intervenciones en Castilla y León, 641 pruebas y 4.048 consultas, mientras en Baleares superaron las 3.000 consultas y 77 operaciones. Aunque las cifras oficiales varían del 4,48% al 24,74%, los sindicatos reportan un seguimiento del 90% en hospitales y 85% en primaria, destacando la brecha entre la realidad y la propaganda ministerial. «Queremos sanar sin enfermar», «Paciente, escucha, esta es tu lucha» y «Queremos trabajar como los demás», gritaron los manifestantes en el Hospital Gregorio Marañón. ¿Contradictorio? No: paralizar temporalmente es el único modo de forzar cambios ante una ministra que ignora demandas concretas, como el fin de las guardias interminables que ponen «en riesgo la seguridad del paciente» al obligar a trabajar hasta 96 horas semanales, según Raquel Carrillo, delegada del Gregorio Marañón.
El conflicto
Esta crisis revela las fallas del estatismo izquierdista: el Estatuto Marco, un lastre burocrático, ahora reformado por Mónica García (Más Madrid, izquierda radical) sin reconocer las singularidades médicas. Los médicos exigen un estatuto propio, fin a las guardias obligatorias y compatibilidad con la privada, pero la ministra replica con ironía: «Es verdad que me resulta curioso que por poner el estatuto marco sobre la mesa y el fin de las guardias de 24 horas se solivianten las reivindicaciones que dependen de las comunidades autónomas». Sin embargo, comunidades como Andalucía presionan: el consejero andaluz expresa «preocupación por las consecuencias de una negociación nefasta», mientras la consejera madrileña Fátima Matute califica a García de «ministra sectaria que ha despreciado y desprestigiado a sus propios compañeros». El PP acusa al Gobierno de no priorizar la sanidad, con Carmen Fúnez afirmando que refleja médicos «no escuchados» y que García «ha olvidado las reivindicaciones por las que salía a la calle».
La traición es evidente: García, exactivista, ahora cuestiona la huelga alegando «reivindicaciones abstractas», pese a que los médicos reprochan su «falta de voluntad» y «receptividad nula», según Víctor Pedrera de CESM. Miles pidieron su dimisión en Madrid, coreando «Mónica, traidora, ¿Dónde estás ahora?», y más de 5.000 manifestantes exigieron un estatuto propio.
Hacia un futuro con justicia sanitaria
Esta huelga es progreso contra el retroceso izquierdista. Refleja un SNS víctima de políticas que priorizan ideología sobre profesionales. Es hora de un modelo donde prime la responsabilidad, no la intransigencia ministerial.