El icónico cantante Julio Iglesias ha iniciado acciones legales contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Esta demanda no es solo un litigio personal, sino un desafío frontal a las acusaciones sin fundamento que empañan la presunción de inocencia y alimentan un clima de linchamiento mediático. Este caso ilustra cómo el feminismo militante, en manos de figuras como Díaz, prioriza la narrativa victimista sobre la verdad judicial, socavando los pilares del Estado de Derecho.
Las acusaciones iniciales: un montaje sin pruebas que se desmorona
Todo comenzó con denuncias presentadas por dos extrabajadoras de Iglesias en República Dominicana, alegando abusos sexuales y condiciones laborales equiparables a la esclavitud. Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó el caso en enero de 2026 por falta de competencia jurisdiccional, reconociendo implícitamente la ausencia de evidencias sólidas. Esta decisión judicial subraya la fragilidad de las imputaciones, que parecen diseñadas más para generar escándalo que para buscar justicia real. Según reporta Cadena SER, las denuncias incluían «agresiones sexuales, acoso y tocamientos sin consentimiento», pero el archivo confirma que no procedían en España.
La intervención de Yolanda Díaz: de Ministra a activista partidista
Yolanda Díaz, lejos de mantener la neutralidad esperada en su cargo, intervino públicamente apoyando las denuncias. En su cuenta de Bluesky y en una entrevista en La Hora de La 1, compartió informaciones que daban veracidad a los abusos, afirmando que defendía a «cualquier mujer cuya dignidad sea vulnerada». Sus palabras no solo vulneran la presunción de inocencia, sino que revelan un uso partidista del poder ministerial para imponer una agenda ideológica. Como cita OK Diario en su artículo principal: «Defiendo a la mujer, a cualquiera que vulnere sus derechos». ¿Puede una vicepresidenta actuar como jueza y verdugo, ignorando fallos judiciales? Un «ataque sin pruebas» que merece sanción.
La demanda de Iglesias: un paso hacia la justicia y la reparación
Julio Iglesias, a través de su abogado José Antonio Choclán, ha presentado una demanda de conciliación en los tribunales de Madrid, exigiendo retractación pública, reconocimiento del daño al honor y una indemnización por el «comportamiento injurioso y calumnioso». Esta acción no es venganza, sino defensa legítima contra el abuso de la libertad de expresión por parte de una figura pública. El escrito, según detalla La Vanguardia, advierte de una querella si Díaz no cede, destacando que las acusaciones le sitúan en una «estructura de poder basada en la agresión permanente».
Otras fuentes señalan que Iglesias busca evaluar un posible delito de denuncia falsa, un ángulo que cuestiona la integridad de las iniciales imputaciones. Este litigio abre un debate ideológico: mientras la derecha defiende el derecho al honor, la izquierda lo ve como un intento de silenciar a las víctimas, ignorando que sin pruebas, toda acusación es potencialmente difamatoria.
La respuesta de Díaz : persistencia en el error
A pesar del requerimiento judicial y de la indignación del artista, Yolanda Díaz ha optado por no retractarse de sus palabras. En sus intervenciones más recientes, la líder de Sumar ha evitado dar marcha atrás y ha reafirmado su postura política bajo el argumento del «feminismo»:
«Yo defiendo a las mujeres por encima de todo y frente a cualquiera que vulnere sus derechos», declaró Díaz al ser preguntada por la demanda.
Esta actitud de la vicepresidenta ha intensificado la batalla legal, ya que no solo no ha desmentido las acusaciones «fake», sino que ha utilizado su altavoz público para ratificarse en sus ataques, alegando que su prioridad es la protección de las víctimas, a pesar de que no existe ninguna denuncia ni sentencia que respalde sus afirmaciones contra el cantante.
Esta réplica, lejos de asumir responsabilidad, intensifica el conflicto, priorizando el activismo sobre la responsabilidad política.
Univisión y la investigación que detonó el escándalo
El foco de la defensa de Iglesias también apunta a Univisión. La cadena, en colaboración con otros medios, publicó una investigación basada en los testimonios de dos extrabajadoras que acusaban al cantante de trata de personas y agresión sexual en sus residencias de Punta Cana y Bahamas.
El entorno del artista sostiene que Univisión actuó con «temeridad manifiesta» al difundir relatos sin contrastar que buscaban el sensacionalismo. La demanda contra la cadena internacional busca una compensación económica millonaria y el cese de la difusión de los contenidos que vinculan a Iglesias con delitos de carácter sexual.
Eldiario.es en el punto de mira
En el ámbito nacional, medios como Eldiario.es (y otros portales que se hicieron eco de la noticia) han sido incluidos en la estrategia de limpieza de imagen del cantante. Se les acusa de vulnerar el derecho al honor al dar por ciertos los testimonios de las presuntas víctimas sin respetar la presunción de inocencia, especialmente después de que la justicia española no encontrara indicios para seguir adelante con el caso. Así que Escolar…calienta que sales.
Feminismo vs. justicia, ¿Dónde está el equilibrio?
Este caso trasciende lo personal y plantea un debate crucial: el feminismo radical, encarnado en figuras como Díaz, ¿ha cruzado la línea hacia el autoritarismo ideológico? Defender a las mujeres no justifica acusaciones sin base, que dañan reputaciones y dividen a la sociedad. En una democracia madura, la política debe someterse a la ley, no al revés.